En el último minuto, con el empresario José María Aristrain sentado ya en el banquillo de los acusados, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid ha decretado una nueva prórroga en la causa abierta contra el bautizado como magnate del acero, para el que la Fiscalía pide 64 años de cárcel por defraudar supuestamente 211 millones de euros a Hacienda entre 2005 y 2011. Los tres magistrados que componen el tribunal han decidido este miércoles suspender el juicio —que arrancaba a las diez de la mañana— tras incorporarse nueva documentación al proceso sobre su residencia fiscal en Suiza y tras plantear la posibilidad de trasladarlo a la Audiencia Nacional. Una opción que, de salir adelante, supone abrir un nuevo horizonte de plazos, ya que este órgano debe aceptar primero su competencia y, en el caso de no hacerlo, el Tribunal Supremo debe resolver a quién le corresponde, según detallan fuentes jurídicas.
La defensa de Aristrain ha detallado que el tribunal provincial les ha concedido ahora dos días para que presenten alegaciones sobre la remisión a la Audiencia Nacional de una causa que empezó instruirse hace unos ochos años en un juzgado de Pozuelo de Alarcón. Y que, según explican fuentes jurídicas, en todo este tiempo nadie planteó trasladarla al órgano nacional, pese a que allí ya se habían llevado otros casos de fraude de gran envergadura, como el de Los Carceller, dueños de la cervecera Damm, que acabaron pactando con la Fiscalía Anticorrupción para evitar la cárcel en el que era entonces el mayor caso de evasión (66 millones).
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«Esto supone una nueva demora. Nosotros lo que queremos es que se juzgue ya», ha insistido este miércoles uno de los abogados del industrial, que se ha presentado ante el tribunal en silla de ruedas. Según el relato del Ministerio Público, que reclama también una multa de 1.190 millones de euros para el empresario —además del abono de 211 millones en concepto de responsabilidad civil—, Aristrain creó un entramado societario para evadir impuestos. Primero, creando una sociedad en Holanda: «Para acogerse allí artificiosamente y de forma abusiva al muy beneficioso tratamiento fiscal que rige en dicho país», según explica la Fiscalía. Y, después, trasladando la corporación a Luxemburgo.
«De esta forma, logró que sus empresas, dedicadas a la industria del acero en España, no tributaran al erario público español por el impuesto de sociedades, ni tampoco en Luxemburgo porque allí estaban exentas», añade la acusación pública, que detalla en su escrito cómo el acusado reintroducía parte de sus beneficios en España y el resto lo distribuía por sociedades radicadas en paraísos fiscales.
Pero la Fiscalía no se queda ahí: «Con el mismo objetivo de evadir impuestos, en 2005 simuló haber trasladado su domicilio social a Suiza». Una tesis que rechaza la defensa de Aristrain, que subraya que el propio país helvético ha reconocido que el industrial vive allí.
Fuente: El País