La progresiva recuperación de los beneficios empresariales ha comenzado a permitir a las empresas españolas aprovechar los derechos a rebajarse impuestos futuros generados durante los años de pérdidas y gastos extraordinarios de la crisis. El fenómeno se acentuó en el caso de la banca en 2018, cuando el sector duplicó la conversión de activos tributarios diferidos (Deferred Tax Assets, o DTA por sus siglas en inglés) en créditos fiscales reclamados contra Hacienda.
En concreto, las entidades financieras españolas solicitaron a la administración tributaria el cobro de 1.073 millones de euros a cuenta de los activos fiscales diferidos que acumulan en sus balances. La cifra supone un aumento del 109,6% respecto a los 512 millones que Hacienda tuvo que desembolsar (o dejar de ingresar) en el ejercicio anterior.
El impacto imputado en 2018 se debe a la autoliquidación del Impuesto de Sociedades del ejercicio 2017, según los datos que maneja la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE). Su coste se recoge como un ajuste negativo, en forma de mayor gasto, en contabilidad nacional respecto a las cifras de caja. Al haberse producido en paralelo la devolución por parte de la banca al fisco de 125 millones de los DTA exigidos en 2017, el apunte contable negativo final se ha rebajado a 948 millones.
La factura equivale al 0,08% del PIB, el doble que el peso que tuvo el pago de los DTA en 2017. Su importancia es superior si se mide respecto a la recaudación total del Impuesto de Sociedades, pues el coste público de estos DTA supone una merma del 4,3% de los ingresos totales arrojados por este gravamen en 2018 (24.838 millones) frente al 2,2% que restó el año previo.
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El principal motivo de semejante incremento en el cobro de créditos fiscales diferidos en 2018 responde, según confirman fuentes oficiales, a la petición de Banco Santander de hacer efectivos parte de los derechos generados con la absorción de Banco Popular. La firma que preside Ana Botín se hizo con esta malograda entidad en junio de 2017, por un euro simbólico, como solución excepcional avalada por las autoridades ante los graves problemas de liquidez de Popular. Como resultado, Santander se apuntó beneficios fiscales por valor de unos 4.000 millones de los que en 2018 reclamó a la Agencia Tributaria hacer efectivos unos 1.000 millones en forma de rebaja fiscal, o como abono por parte de Hacienda. Así lo anunció el pasado julio el propio presidente de Banco Santander en España, Rodrigo Echenique, que justificó su intención aseverando que Popular “no valía nada” y costó a su grupo una inyección de 7.000 millones para reforzar capital así como otros 13.000 millones en liquidez.
Santander es, por tanto, la entidad responsable del grueso de derechos fiscales reclamados a Hacienda el año pasado, cuando también se recibió una petición, de escaso importe, de Liberbank. El grupo de Botín también fue el gran beneficiario de los créditos fiscales registrados en 2017, con una petición de devolución de 485 millones de los 512 millones totales, también a cuenta de los derechos generados con Popular.
Desde la autoridad tributaria aclaran, en todo caso, que aunque la mera solicitud obliga a incluir la partida en contabilidad nacional, la petición debe ser analizada y los pagos aún no han sido completados.
El informe anual de 2018 de Santander detalla, en su apartado sobre España, que el grupo cuenta con 12.987 millones en impuestos diferidos de los que 7.422 millones surgen por diferencias temporarias monetizables con derecho a conversión en créditos contra la Hacienda Pública, 3.100 millones por las bases imponibles negativas y 2.465 millones más por otras diferencias temporales. Su estimación es que podrá aprovechar sus derechos en un plazo de 15 años.
Los DTA vienen generados por gastos que merman los beneficios de la banca pero que el sector no puede desgravarse (por provisiones, planes de pensiones para su plantilla o pérdidas de ejercicios anteriores) pero que luego pueden descontarse del pago de impuestos a futuro. El sector suma unos 50.000 millones que además el Estado avaló parcialmente para apuntalar su capital.
1.800 millones de coste por las EPAs de CAM y Unnim
Factura. La revisión de las cuentas públicas de 2018 llevada a cabo por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) revela que, más allá de los créditos fiscales exigidos a Hacienda, el sector financiero pasó otras facturas a las arcas públicas. La principal deriva de los esquemas de protección de activos (EPA), una suerte de seguros contra determinadas pérdidas concedidos por el Estado a las entidades sanas que se hicieron cargo de otras en apuros. La de la CAM, que beneficia a Sabadell, costó 1.429 millones de euros en 2018 (771 millones más que en 2017) mientras que la de Unnim, que cobra BBVA, supuso un cargo de 359 millones, tras no haber factura el año anterior. El informe de la IGAE, que repasa las cuentas de los últimos años, recuerda que al coste de las EPAs hay que sumarle el coste de indemnizar a accionistas minoristas y tenedores de híbridos de entidades asistidas (3.210 millones desde 2014, de los que 109 se cargaron a 2018) o los 996 millones de la transferencia realizada por el FROB a Sareb en 2016. Del lado de los ingresos, recuerda la IGAE en todo caso, la participación mayoritaria del Estado en Bankia ha aportado dividendos crecientes, desde los 53 millones de 2014 a los 208 millones de 2018.
Fuente: El País