Los más de cincuenta procesos judiciales de corrupción abiertos contra destacados miembros del Partido Popular ofrecen un escandaloso panorama de la formación que preside Mariano Rajoy. Las acusaciones vertidas por uno de sus hombres fuertes en Madrid, Francisco Granados, ante el juez instructor de la trama Púnica deben ser tomadas con precaución. Al fin y al cabo, es un imputado en libertad con fianza sobre el que pesan graves cargos y tiene derecho a mentir ante el juez. Pobre consuelo para el PP, sin embargo, al que acorralan ya los testimonios de un importante ramillete de chivatos y arrepentidos que buscan reducir sus penas o, sencillamente, ajustar cuentas con jefes y compañeros que aún no se han sentado en el banquillo. Granados es solo el último de una lista en la que ya figuran Ricardo Costa, Francisco Correa, Pablo Crespo, Álvaro Pérez, Luis Bárcenas, Edmundo Rodríguez Sobrino o David Marjaliza, entre otros.

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Todos los casos comparten el mismo esquema: mordidas, facturas falsas y desvíos millonarios para enriquecer los propios bolsillos y para dopar las campañas electorales. Ello favorecía las expectativas de mantenerse en el poder y, al tiempo, de engrasar la corrosiva maquinaria del que, sin temor a equivocarse, se puede calificar como el partido más corrupto de la democracia española. Valencia y Madrid han sido los más importantes bastiones, sufragadores de campañas y voluntades políticas.

Las declaraciones de Granados resultan especialmente dañinas para Esperanza Aguirre, exjefa de filas de un buen puñado de corruptos. Pero también salpican a Cristina Cifuentes, cuyos esfuerzos por desvincularse de la época más negra de la corrupción en el PP de Madrid chocan con su vinculación con esa formación durante los últimos 27 años. Un caso tras otro viene a demostrar que el PP se ha financiado ilegalmente, tanto a escala nacional como regional. Su proceder causa escándalo en la sociedad española, que se confiesa preocupada por la corrupción política de este país, la cara b de la Marca España. La corrupción es el peor enemigo del partido y de su cabeza visible. Y Mariano Rajoy es el máximo responsable político de los desmanes y de la falta de respuesta a ellos. Los sondeos son explícitos. Ciudadanos le toma la delantera y hasta el 62% de los votantes populares, según Metroscopia, creen que debería abandonar. De poco sirve la mejoría de la economía de la que Rajoy presume con razón. El 53% de los españoles considera que esa mejoría no tiene nada que ver con la acción de su gobierno.

Este nuevo episodio judicial confirma la profundidad de la ciénaga en la que ha chapoteado el PP. Preludia más datos escandalosos mientras Rajoy cierra filas desoyendo el pacto anticorrupción firmado con Ciudadanos y las advertencias del Consejo de Europa sobre la falta de prevención.

El PP está atrapado en su retórica. En su momento, clamó por su inocencia y difirió la asunción de responsabilidades a los pronunciamientos de los tribunales. Pero cuando los tribunales toman cartas en el asunto y la verdad comienza a salir a la luz, aduce que son cosas del pasado que a nadie interesan. Y luego se lamenta de su nula capacidad para convencer a los españoles de su voluntad de limpieza y regeneración.

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Fuente: El País