La Inspección de Trabajo ha abierto un expediente sancionador a la Imprenta de Billetes de España (Imbisa) por cometer fraude en contratación al haber empleado trabajadores temporales para desarrollar labores estructurales de la compañía. Así, durante los dos años de vida de la empresa dependiente del Banco de España, se realizaron 146 contratos temporales que la Inspección de Trabajo ha concluido que disfrazan «como causas eventuales las necesidades de empleo permanente».

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Según fuentes de la Inspección de Trabajo, se trata de una infracción grave que se sanciona con entre 626 y 6.250 euros, según el artículo 40 de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. El mes pasado la ministra de empleo, Fátima Báñez, propuso endurecer las sanciones para las empresas que abusen de la temporalidad. Imbisa puede presentar un alegato a partir de que reciba el informe del ministerio.

«Pese a lo que la empresa Imbisa haya querido recoger en las cláusulas de los correspondientes contratos eventuales para dotarles de una apariencia de temporalidad, lo cierto es que la necesidad de contratar a hasta un total de 146 trabajadores, en la mayoría de los casos por periodos de entre cinco y seis meses, obedece a una necesidad permanente de contar con una plantilla mayor de la que se dispone», explica el documento de Inspección de trabajo, que añade que en estos casos «se trataba de contratos temporales celebrados para cubrir necesidades estructurales y no temporales por periodos punta de producción o acumulación de tareas».

La investigación se ha realizado a partir de una denuncia del Comité de Empresa, que señala que «ha advertido reiteradamente» de la situación de ilegalidad tanto a los directivos de la sociedad como a la presidenta de su Consejo de Administración, compuesto por directivos del Banco de España y de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT). Fuentes de CC OO han explicado que pese a las conversaciones con la empresa no han podido evitar «que la política de personal y contrataciones vulnere los derechos de los trabajadores temporales», además de haber repercutido en el desarrollo de la actividad de la imprenta, «impactando también en las condiciones laborales de la plantilla estable».

«Cuando la empresa se crea tras la segregación de la FNMT, la plantilla pasa a ser insuficiente para el pedido de Banco de España, y la empresa acepta que hay que acometer contrataciones, pero estas se hacen eventuales, de seis meses», explican fuentes del Comité de Empresa, que aseguran que se trata de un sector en el que se necesita personal especializado, y con estos contratos temporales «no hay manera de consolidar la producción». Sin embargo, desde el Comité de Empresa aseguran que ahora la compañía «ha reconocido algunos puestos de trabajo como estructurales que antes reconocía como temporales».

Por su parte, fuentes cercanas a Imbisa aseguran que han seguido una “actuación adecuada” en el uso de esos contratos temporales y que daban respuesta a “una producción adicional solicitada por parte del BCE”, pero que estos contratos ya se han extinguido. “Actualmente sólo tenemos a ocho personas trabajadores temporales”, han comentado. La empresa tiene 15 días para hacer alegaciones y han asegurado que las van a llevar a cabo.

Comisiones Obreras ha exigido al Gobierno y al Banco de España «que se corrija el devenir del modelo de gestión impuesto en Imbisa«, ya que considera que «está poniendo en riesgo su consolidación y permanencia en el futuro como imprenta pública de billetes euro en España». «Después de dos años el proyecto de imprenta pública de billetes española sigue sin estar despejado y languidece día a día por agotamiento de los recursos, impasible ante la destrucción del empleo, el deterioro de las condiciones laborales y la falta de interlocución», ha denunciado CC OO.

Imbisa es la sociedad mercantil pública creada por la segregación de la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre (FNMT) que tiene encomendada la prestación de servicios de su producción de billetes de euro por asignación directa, según el sistema de adquisición y aprovisionamiento de billetes regulado por el Banco Central Europeo.

Fuente: El País