“Mañana trabajas, ¿ok? Eran pasadas las 23 horas de un día cualquiera. El beep del teléfono que anunciaba el mensaje de la ETT Randstad, requería como otras tantas veces a Amaia Laconcha, trabajadora eventual durante 17 años de la galletera Artiach, en Orozko, Bizkaia, a confirmar que estaba dispuesta a firmar, al día siguiente, otro contrato más.

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Como siempre, y como las otras seis mujeres que junto a ella denunciaron su situación a la Inspección de Trabajo, —“siempre mujeres”, lamenta Laconcha—, no sabía si el contrato iba a ser de un día o de un fin de semana, y tampoco si iba a suplir una incapacidad temporal o se trataba de un contrato por obra y servicio.

Solo sabía que después de 17 años cada día estaba más cansada de firmar contratos eventuales y nunca el fijo que esperaba; de olvidar prácticamente el concepto de vacaciones, y de borrar el verbo planificar de su vida junto a su pareja, familia o amigos. “En 17 años he firmado cientos de contratos”, lamenta, “pero nunca el que quería, el que me iba a dar estabilidad y tranquilidad, el fijo”.

Un juez de Bilbao ha considerado su despido nulo, pero no por la concatenación de contratos, algunos incluso para suplir bajas por enfermedad de empleados sanos y trabajando, sino al considerar que la empresa despidió a la empleada por denunciar su situación. Condena a la galletera a readmitirla por haber vulnerado “el derecho fundamental de indemnidad” de Laconcha. Artiach, que pertenece a Adam Foods, con sede en Barcelona, la despidió el 5 de junio, también a las once de la noche, después de que la Inspección de Trabajo notificara a Artiach en una resolución del 31 de mayo que estaba incurriendo en un fraude en la contratación y “requería” a la empresa para que incorporara a las siete mujeres “a su plantilla de manera indefinida”. Ni así.

Artiach, que ha recurrido la sentencia, solo incorporó a una de ellas. A otras cinco, entre las que estaba Amaia, las despidió. Con la última de ellas, al estar en periodo de descanso, la empresa se limitó a no volverla a llamar. La dirección de la empresa de galletas no ha respondido a los requerimientos de EL PAÍS para hablar de su política de contratación y explicar los argumentos en los que ha basado el recurso.

“Fue una venganza, está claro”, dice Amaia. “Ahora miras hacia atrás y te preguntas cómo hemos podido aguantar todo esto. Bueno pues porque lo necesitas”, se responde ella misma resignada. De las cuatro que han querido hacer pública su situación, hartas de tanta precariedad, la que menos tiempo llevaba trabajando es Sonia Rivera, y eso que ya ha cumplido 11 años en la empresa. Su juicio es el 17 de marzo.

Ainhoa Marigorta lleva 16 años en Artiach y su juicio se verá el 16 de enero. Ella sí ha contado los contratos firmados. “Son 750, es una vergüenza. La mayoría, por no decir todas las que estamos así, con esta precariedad, somos mujeres”, denuncia también Marigorta. Azucena Gálvez tendrá su vista ante el juez el 4 de febrero. Después de 13 años en Artiach “tengo 24 páginas enteras con el listado de contratos”, dice enfadada.

Todas creen que la eventualidad opera como un mecanismo para maniatar a las trabajadoras. “Es un mecanismo para implantar el miedo, para evitar que protestes. Con la eventualidad máxima lo que quieren es que digas a todo que sí”, explica Marigorta. La lucha de estas mujeres no va a cesar hasta que Artiach rectifique. El jueves han organizado una marcha de Orozko a Llodio. Artiach ha cumplido la sentencia judicial, pero a su manera. Le ha mandado un burofax a Amaia Laconcha en el que le comunica que mientras se resuelve el recurso, le da de alta, y le paga la nómina, pero le deja claro que no quiere verla por la empresa. “Es terrible”, dice contrariada Amaia, “quiero trabajar”.

Fuente: El País