Con el dinero empezó todo y con el dinero terminará. Artur Mas puso en marcha la huida hacia el independentismo en Cataluña porque un Estado en crisis fiscal le negó en 2012 un reparto a la medida de los recursos públicos, con un modelo de financiación similar al envidiado concierto que mantiene con el País Vasco. Y despertada la fiera del secesionismo, nunca fue posible dialogar sobre financiación autonómica, pese a que el actual modelo está caducado desde hace cuatro años, y pese a que se han recompuesto ya las finanzas estatales y se ha recuperado la economía. Y llegado este punto, la negociación de la reforma de la financiación regional tiene que acelerarse.
Cegados por la pasión política, los gestores de la Generalitat no han participado en los Consejos de Política Fiscal que han preparado el terreno para la negociación, pero son conscientes de que el conflicto se cerrará, tal como se abrió, cuando se resuelva la cuestión dineraria.
Cataluña quiere una negociación bilateral con el Estado, para mantener después una relación también bilateral (tal como País Vasco y Navarra), que el Estado no va a aceptar, por convicción del Gobierno y por la presión que ejercen el resto de las comunidades de régimen común, que no están dispuestas a resolver la crisis política de Cataluña con nuevos privilegios a costa del resto del país. Si a País Vasco y Navarra se suma Cataluña con una aportación deficiente al Estado, puede enterrarse la solidaridad interterritorial que garantiza la Constitución.
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Por tanto, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera está la pelea y la solución. Y una solución innegociable para Cataluña es que mejore su financiación per cápita, y que respete siempre la ordinalidad: que ninguna región perceptora neta disponga de más recursos que quien los aporta (contribuyente neta), porque sería injusto y porque reactivará el victimismo de estos años.
Fuente: El País