Los agricultores y ganaderos retoman este viernes las protestas por los bajos precios en origen de los productos agrarios con manifestaciones y tractoradas en varios puntos de España, tras las que han protagonizado en varios puntos del país desde finales de enero. En Valencia, cientos de tractores están colapsando el centro de la ciudad, en un recorrido que culmina a las puertas de la Delegación del Gobierno. También hay tractoradas en la provincia de Córdoba, donde 5.000 tractores y otros vehículos atascan la autovía entre la ciudad y Málaga. Mientras, el Gobierno mantiene reuniones con representantes sindicales y con cargos de Mercadona, la empresa líder de la distribución, sector al que los productores culpan de tirar los precios y utilizar estrategias de venta a pérdidas o de recurrir a ofertas de productos reclamo que presionan aún más a la baja los precios.

En Valencia, agricultores de toda la Comunidad Valenciana han acudido en sus tractores para marchar por el centro de la ciudad. Van en tres columnas y son unos 800 tractores. La manifestación ha sido convocada por las principales organizaciones agrarias, y están colapsando el centro de Valencia. La Unió de Llauradors, AVA y UPA exigen al Gobierno que adopte medidas para que los precios que perciben por sus productos cubran por lo menos los costes de producción. Los agricultores prevén recorrer el centro de la ciudad hasta la sede de la Delegación del Gobierno y entregar allí un documento con sus demandas. Sobre las diez y media de la mañana, unos 6.000 manifestantes concentraban en la plaza de San Agustín y la calle San Vicente, llegados, sobre todo, de pueblos de la provincia de Valencia.

MÁS INFORMACIÓN

Vestido con chalecos amarillos («son para identificarnos a los que somos de la cooperativa de Benifaió»), Miguel Ángel Rosa le explica a José Piles su problema señalando su reloj: «Cuando este Casio llega a la tienda, ya tiene los costes de producción incorporados. Y nosotros en cambio somos los primeros en mover la rueda, los últimos en cobrar y ni siquiera nos llega para cubrir lo que hemos gastado». Los dos agricultores tienen 60 años y empezaron a trabajar en el campo con 14. Producen naranjas, caquis y verduras.

«La maquinaria está cara, el combustible está caro, los fitosanitarios están caros…», afirman. La subida del salario mínimo, en cambio, no les ha afectado porque en Valencia los jornales ya se pagaban más caros. Pero otro tipo de decisiones políticas sí: «Europa deja entrar fruta de Egipto, Suráfrica y el cono sur cuando aquí empieza la campaña. Ellos tienen salarios bajísimos y encima usan fitosanitarios que aquí tenemos prohibidos. Nos han vendido por todos lados», lamentan.

Piles y Rosa afirman que su única ventaja es que detrás de ellos no viene nadie. «Nuestros hijos no se dedican a esto. Los campos se convertirán en patios o quedarán baldíos», dice el primero. Ernesto Santos, de 30 años, que explota con su familia 100 hectáreas de vid y almendros en Camporrobles (Valencia) transmite también la amargura, no tanto por una crisis coyuntural como por un mundo que desaparece. «Están hablando de unas liquidaciones de 35 pesetas, porque en el campo siguen hablando de pesetas, el kilo de uva para vinificación (0,21 céntimos). Con ese precio, en uno o dos años será el fin. Tendré que cerrar. A este paso se acabará la vida en los pueblos y yo quiero que en su momento mis hijos crezcan allí, como hice yo».

En la manifestación marcadamente masculina se ven también pequeños grupos de mujeres. En uno de ellos, con chaleco naranja y un megáfono, está María Yúfera, de 47 años, responsable de calidad de la cooperativa de Carlet, que tiene casi un millar de socios y emplea en campaña a 1.400 personas. “Nosotras sí tenemos un salario, no como los productores. Pero todas, trabajemos en oficina, haciendo cajas, seleccionando la fruta o poniendo etiquetas al final dependemos del campo. Si el campo se hunde iremos detrás”, afirma. “Dicen que el sector no está modernizado y no es cierto. Está claro que todos podemos mejorar, pero nuestra cooperativa cambia continuamente la variedades, la maquinaria, hacemos producción biológica… Pero si los precios no llegan, si te pagan por debajo del coste, porque hay mucha oferta y la distribución está centralizada en pocas manos, no se puede luchar”, añade Yúfera.

La larga fila de tractores, que arranca en la plaza de Toros, gira por la calle San Vicente y continúa hacia la avenida del Cid, genera una atmósfera de humo de gasóleo b en la cual, por momentos, se hace difícil respirar. En contraste, el resto de centro está vacío de coches.

Corte de carretera en Córdoba

Miles de manifestantes en el centro de Valencia.Miles de manifestantes en el centro de Valencia.

También los productores olivareros han retomado hoy las protestas. Más de 5.000 tractores y otros vehículos de agricultores y ganaderos, convocados por las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA y Cooperativas Agro-alimentarias, «colapsan» la carretera autonómica A-318 y la autovía Córdoba-Málaga (A-45) a la altura de Lucena (Córdoba), en protesta por la situación “agónica” que vive el sector agrario, informa EFE.

Miguel Cobos, secretario general de UPA Córdoba, ha celebrado la «respuesta masiva del sector agrario», pues tenían «una previsión de 3.000 vehículos, que se ha superado “ampliamente». La razón de la respuesta masiva, ha comentado Cobos, es que “la situación del sector es agónica, ya que estamos sufriendo unos precios que no cubren los costes de producción, y eso hace que no le veamos el futuro al sector». Ha reclamado “algunas medidas que no le cuestan dinero a las administraciones, sobre todo a la europea y al Ministerio de Agricultura, que son para la regulación del mercado y que pueden posibilitar la mejora de la situación», en particular una reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria.

Otros 1.500 agricultores (3.000 según los organizadores) se han manifestado en Lleida, muchos de ellos a bordo también de sus tractores, unos 400, según la Guardia Urbana, para exigir precios justos en el campo, informa EFE. Los manifestantes han llegado en cinco columnas de tractores procedentes de pueblos de las provincias de Lleida y Huesca y se han concentrado en la plaza de Sant Joan, donde han leído un manifiesto, en el que denuncian que en los últimos años se ha puesto en peligro la fuente de «riqueza» del territorio y que «se está poniendo en riesgo la supervivencia de las explotaciones agrarias y familiares». Por causa de la crisis que afecta al campo y los bajos precios, se ha agudizado la despoblación de los pueblos y la falta de relevo generacional y, por ello, exigen que se tomen medidas de gestión para «paliar» esta crisis y detener «la sangría de ceses de actividades agrícolas».

La consellera de Agricultura de la Generalitat, Teresa Jordà, ha participado en la concentración, donde ha lamentado que la propuesta de modificación de la Ley de la cadena alimentaria anunciada ayer por el ministro de Agricultura, Luis Planas, «llega tardísimo».

Mientras, el Gobierno mantiene la actividad para tratar de atajar la crisis del campo. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, se reúnen con los sindicatos agrarios, reunión que se ha visto envuelta en la polémica por la desconvocatoria de las asociaciones agrarias, que han expresado su malestar por ese plante.

El ministro de Agricultura, Luis Planas, mientras, sigue con sus reuniones, además de con las asociaciones agrarias, también con el sector de la distribución, al que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pidió autocrítica por la diferencia de precios en origen respecto a los lineales. Tras sus encuentros con Carrefour y Lidl, este viernes es el turno de Mercadona, líder de la distribución en España. Ayer, tras reunirse con representantes de la cadena Lidl y de asociaciones agrarias del sector de frutas y hortalizas, Planas asumió que se plantea cambios «de forma inminente» en la ley de la Cadena Alimentaria para atajar algunos de los problemas que vive actualmente el sector agrario, para más adelante abordar con más calma la trasposición de la directiva europea de Prácticas Comerciales Desleales, que implicaría una modificación más profunda de esta ley. En concreto, en cuanto a las reformas inminentes, Planas se refirió a asuntos como la venta a pérdidas, promociones desleales o hacer públicas las sanciones a los supermercados cuando cometan faltas graves o muy graves.

También señaló, aunque sin anunciar medidas concretas, que «sin ánimo de cerrar la puerta a nadie», abogaría en Bruselas por que se exija a cualquier producto agrario que venga de fuera de la UE los mismos estándares fitosanitarios que han de cumplir los agricultores europeos. «Es una demanda legítima del sector que apoyo y no cerramos las puertas a nadie», dijo.

Fuente: El País