No supone suponer demasiado imaginar que en estos momentos una persona, ojalá que ni usted ni yo, está siendo difamada en internet. Prende con un solo clic. Se ilumina la pantalla de cualquier terminal y el derecho al honor se nos queda a oscuras, desconectado.
En el aparente “todo vale” del ciberespacio no debería valer todo. El código binario de mentiras y falsedades infecta la red y la llena de enredos y, aunque existe legislación y recursos para proteger el derecho a la propia imagen, la realidad es que no son eficientes ni eficaces. Tanto las redes sociales como los llamados medios digitales irrumpieron a una gran velocidad en el dominio del periodismo, sin someterse a su código deontológico, y la lentitud de nuestra Justicia los está perdiendo de vista.
La legislación se ha ido adaptando con demasiada lentitud a la prensa escrita, la radiodifusión y la TV, pero la realidad líquida de internet se le ha escurrido entre los dedos. Ello, unido a la falta de medios en nuestros tribunales, ha creado un verdadero limbo jurídico donde demasiados agentes campan a sus anchas.
“Difamar sale gratis” es como el #Hashtag no escrito en las redes, y apenas nada puede hacer la víctima de difamación por defenderse. Sucede en España, pero es un problema global.
En España la protección legal frente a este tipo de delitos u ofensas es impracticable y aunque al nuevo fiscal general del Estado, Julián Sánchez Melgar, parece preocuparse por estos “comportamientos que entran directamente en la difamación pública”, sin una estrategia legal ni un adecuado presupuesto para nuestra Justicia, no hay solución posible.
Sirva de ejemplo un caso de difamación en redes que llevamos en el despacho contra la difamadora y una importante red social, que sirve de soporte a sus contenidos. Así, y pese a haber presentado las acciones legales pertinentes en diciembre, estando ya en marzo ni siquiera hemos sido citados. Mientras el contenido difamatorio sigue circulando a lo largo y ancho de la red. La situación es frustrante por la imposibilidad de encontrar herramientas judiciales que pudiesen proteger a la víctima de forma efectiva y eficiente.
Pero es que los intentos de resolución extrajudiciales en España no dan mucho mejor resultado. Utilizar los protocolos internos de estas redes sociales para denunciar situaciones de acoso o difamación solo garantiza una serie de respuestas automatizadas de la propia red, cuyo carácter es claramente disuasorio. Únicamente con una sentencia o decisión judicial se puede proceder efectivamente para que estas redes eliminen los contenidos difamatorios.
¿Y qué hacen las grandes redes sociales para ayudar a las víctimas de acoso o difamación? Por el momento se niegan, en la mayoría de los casos de ciudadanas o ciudadanos normales, a eliminar las mentiras y falsedades que circulan en posts o tweets. Las estadounidenses Twitter, Youtube, Instagram o Facebook se encuentran (des)localizadas en una especie de limbo jurisdiccional, con una débil presencia en Irlanda para asuntos europeos. Es una situación que preocupa y que denuncian entre otras organizaciones el Internet & Jurisdiction Policy Network.
Las redes sociales tienen presencia efectiva en todos los países pero parecen seguir por encima de las jurisdicciones nacionales. La realidad es que son muchos los ingresos por publicidad derivados de los millones de clics que cada país les regala, y aunque solo fuera por ese elemento, deberían sujetar sus servicios a las leyes de cada Estado. Es por ello que los países europeos, como ya se ha hecho en materia fiscal o de protección de datos personales, han de hacer un frente común y exigir que estos operadores se adapten a la Ley de Consumidores para manejar las relaciones con sus usuarias y usuarios. Ayer mismo, la Comisión Europea ha propuesto procedimientos de «notificación y acción» más claros para facilitar la retirada de contenidos ilícitos en las redes, pero esto dista aún mucho de lo que se necesita en materia de difamación y acoso.
Son muchas las voces que claman por un sistema de resolución —judicial o extrajudicial— de conflictos rápido y asequible al que los operadores de internet estén obligados en cada país. Pero dicho clamor solo se sustanciará cuando la UE les de otra vuelta de tuerca a estos agentes supranacionales que parecen vivir en el salvaje oeste. Definitivamente el world wide web no puede seguir siendo un wild wild web.
La legislación jamás debiera ser irrelevante y la jurisdicción nacional debería convertirse en el único antivirus frente a la ley del “todo vale”. De lo contrario, cada vez que veamos iluminarse la pantalla de nuestro ordenador, tableta o dispositivo móvil, sentiremos el vértigo de la desprotección, el miedo de un ataque a nuestro honor, sin honor.
León Fernando del Canto es abogado en España y barrister en Reino Unido
Fuente: Cinco Días