El Gobierno de Estados Unidos ha mipuesto de nuevo esta madrugada una serie de sanciones sobre Irán, levantadas en tras el acuerdo nuclear de 2015. La reanudación de sanciones busca aislar económicamente al Ejecutivo iraní, forzando a compañías extranjeras a cerrar sus negocios en el país persa; aunque al mismo tiempo amenaza con profundizar la brecha entre EE.UU. y la Unión Europea (UE), ya que las sanciones afectarán a empresas europeas.

«Estados Unidos está completamente comprometido a hacer cumplir nuestras sanciones», afirmó este lunes el presidente estadounidense, Donald Trump, según recoge la Casa Blanca en un comunicado. Trump avisó de que «los individuos o entidades que no cancelen sus actividades con Irán corren el riesgo de sufrir graves consecuencias».

Trump firmó este lunes una orden ejecutiva en la que estableció que, a partir de las 00.01 de hoy hora local (06 hora española, estará prohibido el comercio de oro, metales preciosos y materiales como el aluminio y el acero, así como la venta de automóviles fabricados en Irán. EEUU rechazará las transacciones financieras relacionadas con el sistema de ferrocarriles, impondrá sanciones a quienes compren o faciliten la emisión de deuda soberana iraní y prohibirá a Irán usar dólares estadounidenses. Washington también revocó los permisos que permiten la importación de alfombras y alimentos iraníes, como los pistachos.

Respuesta europea

La Unión Europea, por su parte, ha puesto en marcha medidas legales para proteger a sus empresas. Así, Bruselas abre la puerta a reclamar compensaciones por daños y perjuicios y proteger a los europeos que hagan negocios con la República Islámica.

Ante la preocupación de las empresas europeas con negocios el el país persa, Bruselas ha actualizado su legislación para tranquilizar a los inversores y asegurar que recuperan el daño que puedan causar esas sanciones extraterritoriales que considera «ilegítimas», informaron fuentes europeas.

Bruselas espera dar una protección jurídica a sus empresas, «sobre todo a aquellas que no tienen presencia física en Estados Unidos», con una «protección legal» que minimice el riesgo anulando el conjunto de decisiones que emanen de estas sanciones y afecten a las empresas europeas. Además, anulará en territorio comunitario los fallos en tribunales extranjeros basados en dichas sanciones y prohibirá específicamente a ciudadanos europeos su cumplimiento.

De este modo, según la legislación comunitaria, las empresas europeas pueden denunciar no sólo a Estados Unidos por los perjuicios que puedan causarles esas sanciones sino también a firmas americanas o europeas que decidan romper unilateralmente un contrato como consecuencia de las imposiciones de Washington.

En caso de querer abandonar sus actividades en Irán como consecuencia de las sanciones, las empresas europeas tendrán que pedir una autorización expresa a la Comisión Europea (CE), que podrá hacer excepciones sólo si las compañías consiguen probar que las medidas de Washington entorpecen su actividad. Las medidas buscan mantener la conservación de los canales financieros comunitarios con Irán y asegurar la exportación de gas y petróleo iraní, y reiteran el apoyo a la implementación del acuerdo, «fundamental para la seguridad de la UE», subrayaron las fuentes.

Fuente: Cinco Días