“Quiero expresar mi preocupación sobre la posibilidad de que algunas actuaciones no hayan sido del todo correctas y hayan estado al límite de lo que se puede hacer” en un consejo de administración. Esta es la acusación que lanzó Roberto Higueras, consejero cercano al entonces presidente Ángel Ron, en el consejo que acabaría aprobando su cese y la elección de Emilio Saracho como sustituto hace un año, el 1 de diciembre de 2016.

Siete de los quince consejeros criticaron con extrema dureza el procedimiento llevado por otro grupo de consejeros para relevar al máximo ejecutivo. “Perplejidad”, “total oscuridad”, “total discrepancia”, “bastante penoso”, sin un planteamiento abierto en el consejo, “proceso irregular” y “grave riesgo para la entidad”, son algunas de las acusaciones que constan en las actas de aquel consejo a las que ha tenido acceso EL PAÍS. Con la perspectiva del tiempo, se deduce que el grave enfrentamiento que vivía el banco entonces fue un germen de su posterior quiebra, seis meses después.

El detonante del enfrentamiento entre los consejeros fue la tercera ampliación de capital del Popular, que se cerró en mayo de 2016, por 2.500 millones. Con este dinero ya eran 5.500 millones los que había recibido el banco de sus accionistas en cuatro años. La cotización seguía cayendo porque el banco no era capaz de provisionar adecuadamente los numerosos activos inmobiliarios que contaminaban el balance. Muchos creían que se había acabado el crédito del presidente, que llevaba 10 años en el cargo.

El principal opositor a Ron era el grupo de inversores mexicanos, capitaneado por Antonio del Valle, que entró en 2014 comprando el 6% del capital; llegó a tener una inversión de 550 millones. Empezó su batalla más fuerte contra Ron en junio de 2016, mientras se filtraban a algunos medios los planes para echarle. Antiguos consejeros afirman que Del Valle buscó una fusión con el Sabadell, pero desistió porque se convenció de que podría descabalgar a Ron y controlar el Popular, pero no lo consiguió; lo que sí logró fue echar al consejero delegado, Francisco Gómez, en julio, sustituido por Pedro Larena.

“Queda mucho por hacer y el entorno es cada vez peor”

El consejo del 1 de diciembre en el que se destituyó Ángel Ron duró dos horas, de las 12 a las 14. Los consejeros que habían promovido el relevo y sus apoyos (el grupo mexicano, Crédit Mutuel, Allianz, la consejera Reyes Calderón, José María Arias, José Ramón Estévez y Helena Revoredo) apenas hablaron, según las actas.

Sin embargo, los cercanos al presidente de entonces, Ángel Ron, sí lo hicieron y manifestaron “el grave riesgo” que podía tener ese proceso para la estabilidad del Popular. Dieron a entender que recibieron llamadas del Banco de España y de la CNMV para llegar a una solución pactada, es decir, que aceptaran a Saracho, que era el candidato de los reguladores.

Varios hablaron del riesgo de filtraciones (en la sala del consejo se estudió poner inhibidores) para la estabilidad del banco. Pero la obsesión era que la guerra no llegara afuera, a las oficinas. Propusieron enviar un mensaje “de agradecimiento a la plantilla y apuesta por la confianza en el futuro”, como propuso Roberto Higuera. José Ramón Estévez fue más lejos propuso “un mensaje positivo y tranquilizador” para la plantilla a la que se le debía explicar las razones del cambio.

Buena parte de la anterior dirección apunta a Antonio de Valle como desestabilizador del banco. Sin embargo, según fuentes del entorno del grupo mexicano su inversión “tenía una visión de largo plazo” y “el cambio en la presidencia fue una decisión colegiada por los intereses generales del banco”.

Casi todos, incluso los de la oposición, agradecen a Ron “su empeño y dedicación” pero Arias, tras expresar “su afecto por el presidente”, le reprochó “que hubiera postergado” su marcha. También pidieron “restañar las heridas” con Saracho.

Ángel Ron dijo que no iba a ser un obstáculo y que no se manifestaba sobre el proceso de cambio. Sí advirtió: “Lo que queda por hacer es muy relevante y el entorno es cada vez peor”. Acertó.

En agosto, Del Valle ya tenía apoyos de algunos consejeros y ejecutivos de fuera del banco. Uno de sus aliados fue José María Arias, expresidente del adquirido Banco Pastor y vicepresidente del Popular. Arias fue el único que votó en contra de la ampliación de capital de mayo porque quería una fusión.

En septiembre y octubre continuaron las conversaciones a las que se unió Reyes Calderón, coordinadora de los consejeros independientes y presidenta de la comisión de nombramientos, gobierno y responsabilidad corporativa. Ella inició la búsqueda de un sustituto contratando a un cazatalentos, Spencer Stuart. Presentó una terna: Emilio Saracho, Manuel Pizarro y Antonio González Adalid, aunque el favorito era el primero. Ante esta situación, Ángel Ron había comenzado a hablar con Francisco González, presidente del BBVA, para cerrar una fusión. Allianz, que tenía el 3,5% de la entidad, se convertiría en el socio mundial del banco vasco. Según la anterior dirección, ofreció 4.500 millones de euros, pero Ron le pidió que subiera el precio y lanzara una opa. González no aceptó.

La clave para derribar a Ron era el apoyo del banco francés Credit Mutuel, que tenía el 4%, y Allianz, así como el papel que tomara el Banco de España. Ron perdía apoyos, pero aún le defendía la Sindicatura de Accionistas (9,55%), y gran parte de los independientes, muchos ligados al Opus Dei.

El 28 de noviembre llegó un movimiento clave: ante la enorme tensión que vivía el Popular, con filtraciones en los medios sobre el futuro de Ron, el Banco de España llamó a consultas a los representantes de Crédit Mutuel, Allianz, la Sindicatura (que fue representada por Higuera, que en teoría era independiente) y a Reyes Calderón, según fuentes del anterior consejo. Todos ellos, menos la Sindicatura, dijeron al supervisor que se debía cambiar a Ron. Horas después, el presidente habló con el gobernador y subgobernador y dijo que estaba dispuesto a dar un paso atrás “por la estabilidad del banco”. El supervisor le pidió un relevo ordenado, según fuentes de la dirección de entonces, algo que no consiguió.

Ese mismo 28 de noviembre Calderón convocó una comisión con los consejeros independientes y dominicales y presentó la terna de candidatos. Les dio un día, el 29, para analizarlos; el 30 continuó la reunión, en la que se aprobó la elección de Saracho tras escucharse fuertes reproches que prolongaron la cita hasta la noche.

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La continuación del proceso fue el consejo del 1 de diciembre. Jorge Oroviogoicoechea, independiente cercano a Ron, dijo, según consta en acta, que “por razones que desconoce, hasta el 11 de noviembre” no tuvo ninguna comunicación “del proceso de sucesión del presidente, aunque se había abierto meses atrás. Manifestó su “disconformidad y malestar” por su exclusión del proceso y recordó que varios pidieron que se anulara por la premura con la que se llevó, sin conseguirlo.

Este consejero y otros, dijeron que sufrieron “la presión de diversos reguladores y autoridades” para que eligir a Saracho. Parte de los independientes dijeron que se inclinaron por Pizarro, pero los otros les exigieron apoyar a Saracho. “La disyuntiva era una confrontación y ruptura por este bloqueo, con consecuencias gravísimas, o votar al único candidato que unos eligieron hace meses”, apunta Oroviogoicoechea antes de votar por Saracho, que llegó al banco pero no lo salvó.

Fuente: El País