La banca da ya por “zanjada” por completo la crisis financiera que azotó al sector en los últimos 10 años. Eso sí, solo pueden dar por finalizada la crisis las entidades que sobrevivieron, 12 de 56. Este año se presenta, como han coincidido todos los banqueros en las presentaciones de resultados de sus respectivas entidades, como el mejor en una década.
España ha vuelto a recuperar músculo económico, pese a las tensiones políticas de Cataluña, que ya se van disipando y han quedado en una “minicrisis”, como lo definió el presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu. Los inversores, de hecho, ya no tienen en cuenta Cataluña al planificar sus preferencias para invertir en el país.
Los seis bancos presentes en el Ibex 35 (Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia, Sabadell y Bankinter) cerraron 2017 con un beneficio atribuido conjunto de 13.624 millones de euros, un 7% más que un año antes. En opinión del socio responsable de servicios financieros para KPMG, Francisco Uría, estos resultados reflejan “un avance paulatino” en el proceso de fortalecimiento de las entidades y de recuperación de la rentabilidad, “incluso en el caso de aquellas que han afrontado relevantes procesos de integración en este año”.
Será por eso, porque las previsiones son positivas, por lo que todos los banqueros, empezando por María Dolores Dancausa, siguiendo por Ana Botín y terminando por Josep Oliu (último de los directivos en presentar los resultados de un gran banco) han estado mucho más relajados que en las presentaciones de ejercicios anteriores.
Este ambiente económico más positivo puede ser que llevara también al presidente de BBVA, Francisco González, a protagonizar una rueda de prensa inusual. Pese a que el jueves no estaba en su mejor momento físicos (tenían un fuerte gripazo), González sorprendió por su sinceridad en las contestaciones.
No solo no eludió ninguna pregunta, sino que fue más allá. Y por primera vez, y sin alterarse, declaró que dejaría su cargo cuando cumpliese 75 años, lo que ocurrirá en octubre del próximo año. Ya había comentado en otras ocasiones que abandonaría la presidencia cuando llegase a esa edad, pero en esta ocasión aclaró que su sucesor saldrá del equipo directivo de BBVA.
A su lado estaba Carlos Torres Vila, el consejero delegado de la entidad, y todo indicaba que él era el elegido, aunque en el mercado se sigue barajando también el nombre de José Manuel González-Páramo, exconsejero del Banco Central Europeo (BCE) y consejero ejecutivo de BBVA. La razón es que el supervisor europeo prefiere presidentes no ejecutivos, por lo que se especula con que Torres sea el primer ejecutivo del banco, asumiendo más poderes que los actuales, mientras que González-Páramo podría ser el presidente no ejecutivo.
Y por qué no, Francisco González presidente de honor.
En su confesión, el banquero apuntó a que era imposible que el Gobierno recuperase las ayudas concedidas a Bankia por 22.424 millones de euros, razón por la el Ejecutivo tenía que reconocer que no podía devolver ese dinero al contribuyente, por lo que debería pensar en privatizarla cuando lo creyera conveniente y no esperar a diciembre de 2019, fecha tope para la venta del 60% que tiene el FROB.
Francisco González, que fue nombrado presidente de la entonces pública Argentaria en 1996 por el Gobierno de José María Aznar, dio a entender que nunca había cedido ante las peticiones que considera ilógicas o que iban en contra de los intereses del banco de los Gobiernos, tanto del PSOE como del PP.
No participó en la privatización de Bankia en julio de 2011 con el PSOE, o no entró en el capital de Sareb con el PP.
Además, explicó por primera vez cómo Sacyr (sin mencionar su nombre), apoyado “por el Gobierno de turno” (el de José Luis Rodríguez Zapatero) intentó hacerse con BBVA. “Fueron momentos muy duros”, confesó. Opinó que la comisión de investigación de la crisis financiera no servirá de nada. E incluso afirmó que las reclamaciones de los supervisores para que se produzcan más fusiones nacionales o europeas no tienen mucho sentido, más cuando las uniones transfronterizas al día de hoy son casi imposibles por las innumerables barreras existentes, algo en lo que han coincidido todos los banqueros.
La claridad y sinceridad de Francisco González le llevó incluso a declarar “a mí nunca me ha gustado esa relación, de los empresarios y los políticos. Cuando esa relación pasa de un punto aparece lo que todo el mundo sabe: una corrupción brutal que hemos visto en este país en los últimos años. Y francamente, ustedes son testigos de todo esto. Cosas muy graves que han pasado en este país. Y son muy graves. En cualquier otro país desarrollado, por cualquier de las cosas que nos han pasado a nosotros, los autores hubiesen ido a la cárcel, directamente”.
La semana pasada, además de presentarse todos los resultados de la gran banca correspondientes a 2017, de que González confirmase su salida de BBVA en 2019 y que su sucesor sería alguien de su equipo, previsiblemente Torres; la JUR (el FROB europeo) decidió publicar el polémico y ansiado informe de Deloitte sobre la resolución de Popular y en el que valoraba esta entidad entre 1.300 millones en positivo y entre 2.000 millones a 8.200 millones de euros en negativo.
En este informe, Deloitte reconoce que no tuvo tiempo ni datos clave para elaborar el documento que llevó a Popular a su resolución y a unos 300.000 accionistas a perder toda su inversión. En este escrito, la auditora asegura que el banco español tenía un agujero de entre 11.800 millones y 20.600 millones de euros como consecuencia de un déficit de provisiones.
Como es lógico, las reacciones no se han hecho esperar. Bernardo Cremades, del despacho del mismo nombre, y que representa a una serie de inversores de Popular, afirma “que el informe de Deloitte está plagado de reservas (casi en todas las categorías) y referencias a que no han tenido acceso a los documentos e información”. Deloitte reconoce, además, según explica este destacado despacho español, “que solo se ha enfocado en ciertas categorías de activos. Incluso, en las categorías de activos que ha revisado, ni siquiera lo han hecho completamente”, en algunos casos “solo simples muestras”.
El informe de Deloitte se hizo de manera atropellada y sin el tiempo mínimo que requería. Pero, según destaca Bernardo Cremades, “el informe de la JUR deja claro que a fecha del 5 de junio (el banco se interviene en la madrugada del 6 al 7 de junio y se vende ese mismo día a Santander), Popular era solvente”. Además, se señala que el BCE “venía investigando de manera continuada” a la entidad, lo que sorprende que luego tomasen la decisión de resolverlo de forma atropellada”, subraya el abogado. Y añade que “también sorprende que se borre el tema de la línea de liquidez de emergencia (ELA)”, lo que puede “corroborar que se podía haber extendido la financiación de emergencia de Popular para darle oxígeno en el procedimiento de venta que estaba en marcha”.
Las dudas sobre la resolución de urgencia de Popular, tras la publicación del informe de la JUR, no solo no se aclaran, sino que, según varias fuentes consultadas, las incrementan. Habrá que esperar, sin embargo, bastante tiempo para que el caso Popular se resuelva. De cualquier forma, esperemos que el ya inevitable fin de este banco y la forma de su resolución no vuelva a repetirse con otras entidades europeas.
Fuente: El País