Este verano, el timo de las falsas intoxicaciones denunciadas por turistas británicos en España para conseguir jugosas indemnizaciones va a ser más difícil. El Gobierno británico va a poner en marcha en las próximas semanas una medida que ya anunció hace meses y que, en la práctica, supone abaratar la vía judicial de modo que los turoperadores puedan combatir en los tribunales las falsas reclamaciones. Hasta ahora, esta vía era tan costosa que estas empresas, tras recibir la denuncia, solían pactar una indemnización con el cliente fuera de los juzgados. Luego descontaban ese importe a los hoteles españoles. Con la reforma, se animarán a impugnar judicialmente las reclamaciones, lo que disuadirá de fingir diarreas a los veraneantes tentados a hacerlo.

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Según una nota difundida ayer por la embajada británica en España, el Gobierno británico que dirige Theresa May pidió al Comité de Procedimiento Civil —encargado de fijar las normas sobre costes legales— que estudiase incluir este tipo de reclamaciones al «régimen de costes fijos recuperables». De este modo, los turoperadores que se enfrenten a estos casos sólo desembolsarán una tasa fija en función del importe de la reclamación y la duración del proceso. Es decir, sabrán de antemano los costes legales de un proceso. Según la nota, el comité ya ha decidido hacer esos cambios normativos que estarán vigentes antes del verano y que, en palabras del embajador británico, Simon Manley, «ayudarán a disuadir a los que se puedan sentir tentados» de reclamar falsamente. Según la Asociación de agentes de viaje británicos (ABTA, por sus siglas en inglés), de 2013 a 2016 las reclamaciones por intoxicaciones crecieron en un 500%, de 5.000 a 35.000, mientras bajaban en todo el mundo.

La propia nota oficial afirma que estos cambios «ayudarán a los turoperadores a impugnar por vía judicial las reclamaciones fraudulentas», algo que hasta ahora no hacían por lo elevado e incierto de los costes. Ante ese vacío legal, despachos de abogados y compañías de seguros animaban a los turistas británicos que visitaban España a hacer esas falsas reclamaciones, enviando incluso representantes —y hasta furgonetas-oficina— a los propios hoteles para captar veraneantes dispuestos a fingir una diarrea a cambio de unas vacaciones gratis e incluso un pellizco de dinero extra. Según una investigación judicial llevada a cabo en Palma, estos despachos de abogados garantizaban hasta 18.000 euros de compensación, de los que se quedaban el 60%. Así, habían estafado hasta 60 millones a hoteles españoles, según denunció la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), ya que los turoperadores que pagaban las compensaciones luego les trasladaban el importe a los hoteles donde se producían las falsas intoxicaciones.

Además de la lucha contra el fraude en sí, el Gobierno británico reacciona ante posibles subidas de precio por parte de los turoperadores a los turistas británicos que visiten España, 18,7 millones en 2017. La nota de la embajada también menciona el deterioro de imagen de los británicos en el mundo, y reproduce unas declaraciones del secretario de Estado de Justicia, Rory Stuart, en las que denuncia que el fraude de las intoxicaciones «perjudica al sector del turismo y expone a los turistas a una subida de precios», además de dañar «la reputación de los ciudadanos británicos en el extranjero».

La medida, informa el Gobierno británico, se enmarca en una lucha contra la «cultura de las indemnizaciones», por la que también recientemente se ha introducido «una ley de responsabilidad civil que incluye medidas para reducir el inaceptable número de reclamaciones por latigazo cervical y para permitir a los seguros rebajar las primas». Otras reformas contemplan la prohibición de las «llamadas en frío» para captar clientes por teléfono y una regulación más estricta de las empresas de gestión de reclamaciones.

Fuente: El País