El presidente del BBVA, Carlos Torres, se ha estrenado esta mañana en la junta de accionistas del banco. El ejecutivo solo lleva dos meses y medio al frente de la entidad y le ha tocado lidiar con la furia de muchos accionistas, que han pedido la palabra y cargan con dureza contra el anterior presidente, Francisco González. Sobre la reunión de hoy pesa como una losa el caso de las escuchas ilegales realizadas por la empresa del comisario jubilado Villarejo presuntamente para el banco en la etapa en la que su predecesor, González, estaba al frente. Ayer González anunció que se apartaba «temporalmente» de sus cargos de honor en el banco, mientras dure la investigación.

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Torres, a su llegada a la junta, ha asegurado que el banco seguirá investigando «con rigor» el llamado caso Villarejo y colaborando «activamente con la Justicia» en el esclarecimiento de los hechos «en interés de la entidad». Pero para muchos accionistas no parece suficiente. Uno tras o otro han tomado el turno de palabra para cargar contra el anterior presidente y advertir al banco de las consecuencias de la actual crisis. Cerca de dos horas y media después de arrancar la junta, habían intervenido 12 accionistas. Todos ellos han destinado su tiempo a hablar del tema Villarejo, protagonista absoluto.

Paulino García-Toraño, representante de la Asociación Uniter de Exempleados del grupo BBVA, que representa a tres millones de acciones, afirmó que este problema «tiene todo el aspecto de terminar en los tribunales» y reclamó que fuera José Miguel Andrés, presidente de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento y consejero coordinador de los consejeros independientes, el que respondiera a la junta «cómo es posible que hayan fallado todos los controles internos» para poder hacer esos pagos de hasta 10 millones a Cenyt, la empresa del excomisario Villarejo. Esta asociación reclamó la marcha temporal de González «se convierta en un alejamiento definitivo» porque su daño no solo ha sido «reputacional, algo indiscutible sino posiblemente patrimonial al banco».

Por otro lado, representantes de UGT, CC OO y ACB ,que representan al 73% de la plantilla, que les preocupa “gravemente un posible cierre en falso del caso” de este asunto, así como la tardanza en su “esclarecimiento”, lo que afecta a la “imagen reputacional y credibilidad” del banco. Le pidió a Torres «rigor, contundencia y celeridad en las decisiones a tomar». En el mismo sentido se manifestaron otros sindicatos que acusaron al consejo de haber presionado a la plantilla para captar apoyos de los clientes y accionistas.

«Colaborar con la justicia»

Antes de empezar la reunión en Bilbao, Torres ha realizado unas breves declaraciones. Ahí ha hecho los comentarios sobre la investigación, pero ha eludido hablar de la dimisión de González, que se produjo ayer mismo ya por la tarde. Después, el ejecutivo ha pronunciado su discurso ante los accionistas, y antes del turno de preguntas —que ya se esperaba largo, por la tensión en la entidad vivida a raíz del caso del espionaje, así como por la mala marcha de la acción en la etapa final de González—, Torres ha insistido en que el banco seguirá «colaborando con la justicia». El ejecutivo ha negado que por el momento el caso esté afectando al negocio del banco o su cotización en Bolsa. La entidad también tiene en marcha una extensa investigación interna para aclarar el papel del banco en estas supuestas escuchas ilegales, realizadas a políticos, empresarios y periodistas, durante el enfrentamiento con Sacyr  en 2004, que trató de hacerse con el poder en el banco.

El presidente del BBVA ha tratado de centrar sus palabras en la marcha del banco, y en lanzar a los accionistas un mensaje optimista. Ha valorado que el 2018 ha sido «muy importante y muy positivo para el banco, con resultados de más de 5.300 millones de euros, impulsados por el crecimiento de los ingresos recurrentes, la contención de gastos y una importante plusvalía en Chile». También ha hablado de la importancia de la lucha contra el cambio climático y del papel que deben jugar los bancos en las preocupaciones sociales.

Fuente: El País