La Comisión de Expertos sobre Transición Energética entregó hoy a Álvaro Nadal, ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, el informe que, según fuentes del Gobierno, “va a condicionar el futuro energético del país en los próximos diez años”. El documento, que supera las 500 páginas, marca los distintos escenarios y políticas a seguir para cumplir con los objetivos medioambientales fijados para 2030.

Entre ellas una profunda reforma fiscal que contempla, entre otras medidas, un incremento del IVA general por encima del 22% y que podría llegar a alcanzar el 22,3%, según el escenario. Así, los expertos creen que se podrían obtener los fondos necesarios para compensar otra de las medidas principales que formulan: bajar un 6,8% el precio de la energía, trasladando parte de los costes del sistema que hoy soportan los usuarios en su factura a los Presupuestos Generales del Estado. Casi 11.000 millones de euros cada año, procedentes de las primas a las energías renovables, el déficit tarifario y los costes de generación extrapeninsulares, aspectos que ahora paga el consumidor.

Con ello, sería posible eliminar los cargos al autoconsumo, aunque desde el Gobierno insisten en que estos seguirán siendo necesarios mientras continúe el modelo vigente. Además, apuestan por adoptar un suelo a las emisiones de dióxido de carbono (C02) que también financie este traspaso de costes.

Medidas que desde el ministerio de Energía consideran “ambiciosas”, no solo porque van más allá de una reforma energética, sino porque también afecta a tributos dependientes de las Comunidades Autónomas. Además, fijar un suelo a las emisiones sin contar con el consenso del resto de países de Europa provocaría “una deslocalización de las industrias”.

Por ello, desde el Gobierno abogan por avanzar “de forma gradual” en la adopción de este tipo de políticas, dadas las “implicaciones de todo tipo” que conllevarían. La cartera encabezada por Álvaro Nadal llevará el informe a la Comisión de Energía del Congreso de los Diputados “cuanto antes”, para comenzar el debate entre los partidos, y si fuese posible, llevar parte de las recomendaciones al borrador del Plan de Energía y Clima que deberá presentar en plazo antes del 31 de diciembre de este año.

Más sólida es la convicción del Gobierno por mantener en funcionamiento las centrales nucleares hasta los 50 años de vida útil. Prescindir de ellas supondría, según los expertos, un aumento de las emisiones del 100% y un aumento del coste de generación del 20% anual. En este sentido, Energía sigue trabajando en una actualización del Plan General de Residuos Radiactivos que contemple esa ampliación, aunque antes deberá conseguir un consenso político con una fecha en el horizonte: 2020, cuando empiezan a vencer los plazos de algunas centrales.

Con todo ello, los expertos consideran que España está en condiciones de cumplir con los objetivos de C02 y gases invernadero plasmados en el Acuerdo de París, gracias en buena parte a la elevada penetración de las energías renovables, sobre todo en el sector eléctrico.

El carbón seguirá en el mix mientras sea “competitivo”

Dependerá del precio. Los expertos preven en su informe aumentos importantes del precio del CO2, los cuales supondrían el fin del carbón por su poca competitividad. Sin embargo, el Gobierno destaca que, de mantenerse en los niveles actuales, el carbón seguirá formando parte del mix energético sin que ello suponga una amenaza a los objetivos de París.

Más renovables.El documento destaca el peso que seguirán ganando las fuentes renovables en la producción energética. Sin embargo, creen poco probable que lleguen a suponer más de un 30% de la generación eléctrica en 2030. Esto, además, requerirá un refuerzo en la seguridad de suministro.

Fuente: Cinco Días