Jeremy Corbyn va a echar la puerta abajo. El líder del opositor Partido Laborista británico podría nacionalizar las redes de agua y energía y compensar a los inversores por debajo de los valores de mercado. Eso conllevaría múltiples riesgos.

Los británicos no están casados con las empresas de servicios públicos privatizadas, a las que durante las últimas tres décadas se les ha permitido pagar dividendos ocasionalmente escandalosos en lugar de recortar las facturas de los clientes. Pero en el mundo desarrollado, pagar a los propietarios el valor de mercado de sus activos es un principio muy arraigado. Las propuestas de Corbyn, que se publicaron el martes en el Financial Times y que parecen implicar la compra de las empresas por su valor patrimonial con deducciones por “liquidaciones de activos” pasadas, se quedan cortas.

Por ejemplo, National Grid, que gestiona la infraestructura que conecta las centrales eléctricas con el usuario final. El valor de sus activos regulados es de 37.000 millones de libras (42.000 millones de euros), según sus últimas cuentas, pero el valor de mercado de su patrimonio y su deuda neta supera los 50.000 millones de libras (57.000 millones de euros).

Refinanciar toda la deuda a tipos de interés más bajos bajo un nuevo propietario estatal tiene mucho sentido, pero comprar a su valor contable significaría que el estado adquirirá algo que actualmente vale 29.000 millones de libras (33.000 millones de euros) por más de 10.000 millones de libras (11.000 millones de euros) menos. Compañías de aguas como United Utilities y Severn Trent cotizan más en línea con el valor de sus bases de activos regulados, pero seguirían pareciendo sobrevaluadas si Corbyn ofreciera una compensación que estuviera por debajo del valor contable.

Los laboristas consideran que la legislación que nacionalizó el banco Northern Rock ofrece cobertura legal para sus planes. Eso no está claro. La compensación a los propietarios del prestamista quebrado fue mínima porque su valor de mercado era igualmente bajo, que no es el caso de las utilities. El riesgo es que haya una serie de procesos legales que dejen al Gobierno con una factura compensatoria más grande, al tiempo que exacerba el daño que puede infligir el Brexit en el atractivo del Reino Unido como destino de inversión.

Lo ideal sería que la mayor prioridad del Gobierno fueran los clientes y no el dogma de la propiedad estatal. A juzgar por los últimos análisis sobre rentabilidades permitidas, los reguladores ya han recibido el mensaje de que no se puede permitir que las empresas de servicios públicos hagan devoluciones de gran tamaño a los accionistas. Ese mensaje podría reforzarse todavía más. Con el tiempo, eso reduciría el valor de las empresas y, potencialmente, facilitaría que un Gobierno que todavía quisiera ser su propietario, las adquiriera a un precio más equitativo. Suponiendo que los fines son más importantes que los medios, este sería un mejor resultado.

Los autores son columnistas de Reuters Breakingviews. Las opiniones son suyas. La traducción, de Carlos Gómez Abajo, es responsabilidad de CincoDías

Fuente: Cinco Días