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La salida de la crisis en nuestro país ha resultado en falso para muchas familias que no han visto mejorar su situación. La recuperación económica se ha hecho a costa de una profundización en la desigualdad, como lo demuestra el hecho de que España ha sido el segundo país de la UE en el que más ha crecido la desigualdad, después de Chipre y 20 veces más que el promedio europeo. Como detalla el informe El dinero que no ves, que hoy publicamos, esta situación no solo es debida a un modelo productivo generador de desigualdad, también lo es a que una de las principales herramientas para corregirla, la fiscalidad, no solo no la está corrigiendo, sino que incluso contribuye a aumentarla. Para que un sistema fiscal realmente sea redistributivo tiene que ser progresivo, es decir, tiene que captar más recursos de quien más capacidad económica tiene. Y eso no se está cumpliendo en nuestro país.

Así, el peso de la recaudación recae cada vez más en las familias y menos en las grandes empresas. Si las familias en 2007 aportaban el 74% del total de los impuestos, el año pasado contribuyeron con el 83%. Sin embargo, las grandes empresas pasaron de aportar del 22% al 12%.

Resulta muy llamativo que todas las figuras impositivas hayan prácticamente recuperado los niveles de recaudación de antes de las crisis, excepto el impuesto de sociedades, que solo recauda la mitad de lo que ingresaba en 2007. Esto supone un diferencial de recaudación de 23.145 millones de euros, cantidad que duplica la necesaria para pagar una renta mínima a todas las familias sin ingresos en nuestro país.

Este fenómeno no es exclusivo de nuestro país. Se trata de una tendencia global que reduce el peso tributario de las empresas vía reducción de tipos nominales y lo contrarresta con un incremento en la proporción de lo que aportan impuestos al consumo, como el IVA, lo que afianza la regresividad.

Para que un sistema fiscal realmente sea redistributivo tiene que ser progresivo, es decir, tiene que captar más recursos de quien más capacidad económica tiene

Todo ello se ha convertido en una carrera a la baja en la tributación de las empresas, sobre todo de las grandes, en una competencia fiscal entre países, en la que destaca la existencia de paraísos fiscales como puntos neurálgicos.

Mucho se ha hablado y se sigue hablando de los graves impactos de los paraísos fiscales. Pero su utilización no remite. En los últimos 15 años la inversión hacia estos territorios se ha multiplicado por cuatro, un ritmo de crecimiento muy superior a la de la economía real. Lamentablemente en España en este aspecto no nos quedamos a la zaga, ya que uno de cada cuatro euros de inversión española tuvo como destino un paraíso fiscal.

A algunas personas los paraísos fiscales les pueden parecen realidades abstractas difíciles de acotar, sin embargo, sus efectos son muy tangibles. Se estima que cada año los países en desarrollo pierden 85.000 millones de euros en recursos fiscales por la elusión fiscal de grandes empresas a través de paraísos. Con ese dinero se podría dar asistencia sanitaria esencial para salvar 6 millones de vidas al año y escolarizar a 124 millones de niños y niñas.

La OCDE presentó en verano un listado de paraísos fiscales con un único país. Para finales de año esperamos también la lista de la UE. Sabemos que no va a incluir ningún país miembro, a pesar de que todas las evidencias apuntan a Holanda, Irlanda o Luxemburgo como grandes centros de la evasión y elusión fiscal global.

España tiene la oportunidad de enmendar estos errores y revisar su listado de paraísos fiscales para que incluya a todos los territorios de los que se aprovechan grandes empresas y fortunas para no pagar los impuestos que deben.

Irlanda es un país europeo y un paraíso fiscal. Holanda y Luxemburgo son países fundadores de la UE y paraísos fiscales. Las cosas se tienen que decir altas y claras: los paraísos fiscales cercenan las oportunidades de desarrollo de millones de personas. Cuestan vidas.

Miguel Alba es responsable de desigualdad y sector privado de Oxfam Intermón

Fuente: El País