En los años noventa del pasado siglo, la privatización de empresas públicas mediante la oferta pública de venta de acciones (OPV) fue el primer contacto de millones de españoles con el mercado de valores. El famoso capitalismo popular fue extendiéndose durante los primeros compases del siglo XXI y cualquier estreno en el parque que se preciara destinaba un tramo de la colocación a los inversores minoristas. Esta práctica, con la que no pudo el estallido de la burbuja puntocom, sí encontró un punto de inflexión con la llegada de la crisis financiera. El fiasco que supuso la salida a Bolsa de Bankia (2011) hizo que desde entonces solo la venta parcial de Aena por parte del Estado haya destinado una parte del capital a los pequeños ahorradores.
“La inclusión de un tramo minorista no es que se termine rechazando tras hablar con los bancos colocadores de la OPV, es que ya no se llega ni a plantear en las negociaciones previas”, reconoce Yoko Takagi, socia de White & Case. Juan Manuel de Remedios, socio responsable en España de este despacho especializado en operaciones mercantiles, recuerda que apelar a los pequeños inversores en una salida a Bolsa había sido tradicionalmente un guiño al mercado más que una necesidad real, puesto que los que marcan la demanda y, por consiguiente, el precio de venta de las acciones son los institucionales (fondos, aseguradoras, grandes patrimonios…). “En la medida que la regulación se ha ido endureciendo y han surgido despachos que facilitan la litigiosidad de los clientes sin apenas desembolsos por su parte, las compañías han decidido prescindir del tramo minorista, que, por otra parte, no es determinante para el éxito de una colocación”, explica De Remedios.
“La herencia de la antigua caja de ahorros genera miedo en el mercado”, dice un gestor
En los últimos años, al calor de la recuperación económica, el segmento de las OPV en España ha recobrado cierto brío. Metrovacesa ha sido el último estreno hasta la fecha, pero antes que el grupo inmobiliario aterrizaron en Bolsa firmas como Gestamp, Unicaja, Neinor, Prosegur Cash, la embotelladora de Coca-Cola, Telepizza, Euskaltel, Talgo o Cellnex, entre otros. Todas las colocaciones tenían en común la exclusión del pequeño inversor. “La colocación de Bankia marca un antes y un después. La herencia de la antigua caja de ahorros genera miedo en el mercado”, reconoce León Izuzquiza, analista de fondos de Fidentiis.
Un ejemplo de cómo ha cambiado la opinión de las compañías sobre el papel de los pequeños inversores en las salidas a Bolsa es Parques Reunidos. El gestor de centros de ocio inició su andadura con una OPV en 1999. En esa operación se destinó el 30% de las acciones en venta al tramo minorista. En 2003, el principal accionista de Parques Reunidos decidió excluir de cotización a la compañía, que se mantuvo alejada del mercado hasta que en 2016 volvió al parqué. En esta segunda venta, la oferta de acciones solo incluyó a inversores profesionales.
Mayor agilidad
“Cuando se cuenta con el pequeño ahorrador, el efecto propaganda es mayor para el emisor porque normalmente la venta incluye una campaña publicitaria y atrae más atención de los medios de comunicación. Además, proporciona diversidad y liquidez a la base accionarial, lo cual es positivo”, dice Javier Amo, director del máster en Bolsa y Mercados Financieros del IEB. A pesar de estas ventajas, las empresas priman ahora la mayor agilidad del proceso. “Si la oferta se dirige solo a institucionales, se registra en la CNMV un único folleto en inglés, no hace falta traducirlo al español. Además, también hay una reducción de costes”, argumenta Ignacio Corujo, asociado de Baker McKenzie.
Además del miedo a posibles demandas de pequeños inversores descontentos con la evolución de una OPV, los expertos hablan de otros factores que explican el cierre de puertas para este colectivo en las últimas operaciones en la Bolsa española. Uno de ellos es el peligro de ejecución. Cuando en una colocación existe un tramo para minoristas, el plazo para cerrar la venta de acciones se alarga en hasta tres semanas. “En un mercado tan cambiante como el actual, en el que cualquier noticia económica o política puede modificar la aversión al riesgo de los inversores, que una OPV se extienda más de la cuenta puede ser peligroso para su éxito”, reconoce Takagi.
Cuando solo hay un tramo institucional, el proceso es más barato y se acortan los plazos
El otro obstáculo tiene que ver con la situación de la banca doméstica. Las salidas a Bolsa se confían a un grupo de entidades, normalmente dirigidas por un gran banco de inversión internacional, que se encargan de buscar inversores y aseguran la colocación. Cuando existe un tramo para pequeños ahorradores, ese pool suele requerir de la colaboración de bancos españoles para vender títulos a través de su redes. “Sin embargo, en los últimos años, la regulación ha obligado a los bancos a reforzar su capital bien mediante ampliaciones de capital, bien mediante bonos convertibles. Para ello han tenido que apelar al dinero de sus clientes, y era difícil convencerlos para que además vendieran acciones de terceros”, asegura la socia de White & Case.
Otro debate es si conviene a un inversor acudir a las OPV. De las últimas 26 operaciones,16 están por debajo del precio que se fijó para su estreno. En este sentido, algunos gestores prefieren esperar a ver cómo es la evolución de la empresa tras el estreno antes de tomar una decisión, ya que argumentan que en la colocación la información es asimétrica. “Desde un punto de vista académico, es mejor no comprar cuando alguien, por el motivo que sea, decide salir del capital. Da más confianza cuando es una familia la que vende acciones, pero se queda en el accionariado o incluso en la gestión de la empresa, que cuando es un inversor financiero el que desinvierte”, según León Izuzquiza.
Fuente: El País