En la sentencia, el Tribunal Supremo ha seguido el mismo criterio que ya aplicó la Audiencia Nacional por el que los acusados por las tarjetas black que devolvieron antes del juicio el dinero que se gastaron con la tarjeta no irán a la cárcel. El alto tribunal ha extendido además la reducción de pena a seis condenados a los que la Audiencia no les aplicó por error este beneficio y a una docena de condenados que habían consignado el dinero en los tribunales. En total, 36 imputados devolvieron el dinero antes del primer juicio. 35 de ellos, todos menos Rato, han logrado rebajas sustanciales en sus condenas al aplicársele la atenuante de reparación del daño, lo que les ha permitido librarse de la cárcel. Sobre Rato, la sentencia del Supremo señalaba que le ha sido desestimado ese atenuante “porque la reparación parcial, en una cuantía muy inferior a la del daño causado no puede ser valorada como una circunstancia atenuante. Tampoco las circunstancias personales del recurrente permiten considerar que su esfuerzo reparador merece una consideración mayor”.

De los 15 consejeros que están abocados a prisión, tres representaban al PP —Rato, Rodríguez Ponga y el consejero Javier de Miguel— y el resto a sindicatos o partidos de izquierda. Y eso pese a que el consejo de Caja Madrid y Bankia estaba dominado por representantes de la derecha. La razón es que muchos de los consejeros del PSOE, Izquierda Unida, UGT o Comisiones Obreras, entendieron que pagar lo gastado con las black era como reconocer la culpabilidad. “Y nosotros creíamos en nuestra inocencia”, señala uno de los exconsejeros que está decidiendo qué prisión va a solicitar por la cercanía a su domicilio. Resaltan también que buena parte de ellos no utilizaron los cajeros para sacar dinero, con la notable excepción de José Antonio Moral Santín, (IU), que hizo efectivo una gran parte de los 456.522 euros cargados a la tarjeta.

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Algunos de los que consejeros de la izquierda, que piden el anonimato, admiten que sus abogados les aconsejaron consignar el dinero, pero no lo hicieron, entre otras razones porque no se les pidió fianza durante el proceso. También reconocen que para una buena parte era difícil conseguir todo el dinero en un solo pago. Alguno ha tenido que hipotecar su casa para tener la liquidez.

Otro grupo importante de los que no devolvieron el dinero para septiembre de 2016, cuando se inició el juicio oral en la Audiencia, son los altos directivos de Caja Madrid. Entre ellos están algunos de los que más dinero gastaron, como Ricardo Morado (450.818 euros) o Matías Amat (431.068 euros). En este grupo existía el convencimiento de que no iban a ser condenados porque ellos no eran administradores sino ejecutivos a los que se les entregó el plástico diciendo que era “un complemento de su salario”, según declararon en el juicio. Incluso, alguno como Mariano Pérez Claver, el exdirectivo de Caja Madrid y expresidente de SOS Cuétara y de NH Hoteles, dijo que otras entidades y empresas tenían tarjetas similares, pero no dijo en cuáles.

Algunas rebajas de condena obedecen a un aspecto técnico aplicado por el Supremo que benefició a los consejeros. El tribunal ha disminuido la pena a 12 condenados que no habían devuelto el dinero a los perjudicados (FROB o Bankia), sino que lo habían consignado en la Audiencia antes del juicio. La primera sentencia aplicó a estos acusados la atenuante de reparación del daño simple, lo que implicaba una rebaja de pena muy reducida. Sin embargo, a los que habían devuelto al FROB o Bankia lo gastado, le habían aplicado la atenuante en grado máximo.

El Supremo equipara ahora a uno y otro y les reduce a todos la pena lo máximo posible por reparar el daño. De esta situación se han beneficiado, entre otros, Virgilio Zapatero (pasa de ocho a cuatro meses), Carmen Cafranga (de un año y ocho meses a un año menos un día), Pablo Abejas (de dos años a un año menos un día) o José María Arteta (de un año y medio a seis meses).

Fuente: El País