El secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, será el encargado de recibir a las empresas eléctricas, que estarán representados por la la presidenta de la patronal sectorial Unesa, Marina Serrano, a la que ha citado para el lunes. Esta había enviado el pasado miércoles al ministro de Energía, Álvaro Nadal, una carta solicitando la citada reunión, pero el ministro ha considerado más propicio que sea el secretario de Estado el que explique las medidas que anunció el mismo miércoles en el Congreso de los diputados.
Esta reforma supone un recorte de 170 millones de euros en la retribución de las compañías distribuidoras, así como la asunción por parte de los grupos energéticos del coste del cierre de las centrales nucleares. Nadal ha incorporado unas enmiendas a la ley de medidas urgentes contra la sequía en su trámite en el Senado para incorporar esas medidas. Según el ministro, existe «un claro caso de sobreretribución» en los ingresos que reciben las eléctricas. Esta cuestión también fue denunciada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para que se produzca una corrección.
El recorte se centraría en las cinco grandes eléctricas del país que están integradas en Unesa (Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa, Viesgo y EDP), que se verían afectadas por la intención ministerial de ajustar los costes del transporte y la distribución y el denominado «factor de retardo». Este factor consiste en que las compañías reciben la retribución con un retraso de dos años de media y a cambio tienen una compensación con un interés del 10%, que el departamento de Nadal considera muy alta.
Asimismo, el ministerio plantea que sean las empresas que explotan las centrales las que asuman los costes de su desmantelamiento, lo que supone desincentivar la clausura, sobre las que no obstante no hay coincidencia entre las eléctricas. En la actualidad, el coste se asume por Enresa (empresa de residuos) mediante un fondo que ponen precisamente las eléctricas.
Fuente: El País