Narcís Serra, presidente de la extinta CatalunyaCaixa, ha afirmado esta mañana ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno que el Banco de España tuvo conocimiento de todas las operaciones inmobiliarias que generaron un agujero de 720 millones de euros en la entidad entre 2000 y 2007. Y no solo eso, el exdirectivo y antiguo vicepresidente del Gobierno ha asegurado que la caja consensuó con el organismo supervisor su entrada en el sector del ladrillo y las fórmulas para su salida cuando explotó la burbuja inmobiliaria a partir de 2008. A su salida del tribunal, Serra ha afirmado: “He entrado muy tranquilo y salgo aún más tranquilo. Esto acabará bien”.
El máximo responsable de Catalunya Caixa, que fue nacionalizada en 2011 con una inyección del FROB de más de 12.000 millones y vendida al BBVA en abril de 2015, ha manifestado ante el magistrado que el proceso para aprobar las operaciones ruinosas en España, Portugal y Polonia se ciñó estrictamente a la normativa interna. También ha señalado que los promotores que realizaron los proyectos eran socios fiables. Serra ha recordado que en esos años la entidad financió 600 o 700 inversiones inmobiliarias que resultaron exitosas, según fuentes presentes en el interrogatorio.
El expresidente de la entidad se ha escudado en la llegada súbita de la crisis en 2008. Según las mismas fuentes, ha afirmado que nadie podía esperar el desplome que se produjo ese año, y ha recordado incluso que en los albores de la crisis el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, hablaba de “brotes verdes”. Serra ha evitado responsabilizar al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) de la quiebra de la entidad, aunque ha explicado que el agujero de la entidad tiene que ver con el poco valor con que el fondo de rescate adquirió los inmuebles de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb).
La citación de Serra vino seguida de la del ex director general de la entidad Adolf Todó. Según una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción del pasado abril, la caja “ejecutó una intensiva y creciente actividad inversora inmobiliaria” a través de su filial Procam. Esta empresa realizó inversiones en España, Polonia y Portugal. La investigación se centra en operaciones para la compra de inmueble y de participaciones en sociedades.
Las operaciones inmobiliarias sospechosas no reunían garantías de viabilidad. Los directivos de CatalunyaCaixa -la denuncia se dirige contra 15 personas- dieron «aval» a las operaciones basándose en la simple confianza de los socios copartícipes. No existían, sin embargo, informes independientes ni se estudió de forma exhaustiva «la solvencia y capacidad» de esos socios para sacar adelante los proyectos.
Los proyectos inmobiliarios estaban condicionados a trámites urbanísticos que en muchos casos resultaban «inciertos». Parte de los terrenos no eran ni siquiera urbanizables o bien estaban pendientes de recalificaciones urbanísticas, lo que suponía, recoge el fiscal anticorrupción de Barcelona Fernando Maldonado, un «riesgo en la inversión». Las operaciones se cerraron, además, sin incluir cláusulas que garantizaran los intereses de la caja.
Fuente: El País