Desde el pasado 28 de junio, día en que se firmó el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea (EU) y el Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), mucho se ha escrito sobre los potenciales ganadores y perdedores. Tras veinte años de difíciles negociaciones, el nuevo acuerdo constituye uno de los principales tratados de libre comercio a nivel mundial. Implica liberalizar el comercio en un mercado estratégico con un PIB de más de 18 billones de dólares, lo que representa más del 20% del PIB mundial, una población de 780 millones y que involucra a 32 países o a 31 tras el Brexit. En el panorama actual, con las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China y el estancamiento de la Organización Mundial de Comercio (OMC), el acuerdo entre la UE y Mercosur es una luz en el túnel que podría constituir el inicio de una nueva ola de acuerdos comerciales, como ocurrió a mediados de los años noventa con la firma del Tratado de Libre Comercio Norteamericano. Podría generar un efecto dominó, ya que el mayor acceso al mercado generará presiones de competitividad fuera del bloque que podrían contribuir a acelerar otros procesos de integración.

Al igual que los recientes acuerdos de la UE con Canadá y Japón, se trata de un acuerdo comercial de nueva generación compuesto por dos pilares principales: el referido al comercio y el de regulación y cooperación en otras áreas. Con respecto al primero, el acuerdo implica la eliminación o reducción de las barreras arancelarias (en más del 90% de los bienes comercializados) en los sectores industrial y agrícola. Establece asimismo cuotas más generosas que las inicialmente propuestas para los productos agrícolas exportados desde Mercosur a la UE y facilita el comercio, al simplificar y armonizar los procedimientos comerciales con el consiguiente aumento de la competitividad. En tercer lugar, ofrece garantías legales para proteger los productos europeos con denominación de origen y elimina las barreras no arancelarias. Además, Mercosur tendrá hasta 15 años para liberalizar sectores industriales estratégicos, mientras que la UE liberaliza más del 80% de las importaciones de productos industriales de Mercosur sin período de transición alguno. Finalmente, incluye el sector servicios y abre oportunidades de negocio en tecnologías de la información, telecomunicaciones, transporte, etcétera.

Con respecto al pilar regulatorio y de cooperación en otras áreas diferentes al comercio, el acuerdo implica mejoras importantes en la calidad institucional con un marco regulatorio común, una mayor transparencia y una reducción de la aplicación discrecional de las políticas económicas. El acuerdo incluye también un capítulo dedicado al desarrollo sostenible –sus firmantes se comprometen a cumplir el acuerdo de París– y promueve estándares altos en relación con la seguridad alimentaria, los derechos humanos y los derechos laborales.

Los principales escollos durante las negociaciones fueron salvados con importantes concesiones de acceso al mercado por las dos partes. La UE ofreció reducir los aranceles y fijar cuotas más generosas para los productos agrícolas y Mercosur aceptó desmantelar progresivamente los aranceles en productos industriales y abrir la contratación pública a proveedores de la UE.

Aunque los agricultores de la UE, especialmente en Bélgica, Francia, Irlanda y Polonia se han manifestado como potenciales perdedores, las cuotas y aranceles negociadas seguirán protegiendo su sector. Desde el lado del Mercosur, la liberalización progresiva sectores industriales clave, como la industria automotriz, sector farmacéutico y maquinaria supondrá un gran reto para la competitividad especialmente en Argentina y Brasil, donde las estrategias nacionales de política industrial serán cruciales en los próximos años. Para España y Portugal es una gran oportunidad, dada su especialización productiva y los lazos culturales que los unen con el Cono Sur.

Desde la teoría económica, el acuerdo es un desarrollo positivo que contribuirá a aumentar el comercio, los negocios y la cooperación no solo en cuestiones comerciales, sino también en la conservación del medio ambiente, la protección social y la transferencia de tecnología. Sin embargo, en todo proceso de liberalización comercial hay ganadores y perdedores y, por tanto, para garantizar su viabilidad será crucial el establecimiento de mecanismos claros de apoyo a los colectivos más perjudicados. Aún queda un largo camino por recorrer hasta que el texto legal del acuerdo se haga público y sea ratificado por los parlamentos correspondientes. Dado el actual panorama político, no puede darse por sentado que el tratado se materialice en un acuerdo activo.

Inmaculada Martínez-Zarzoso es profesora de las universidades de Göttingen y Jaume I

Fuente: El País