Ayer conocimos que la inflación de la eurozona se redujo hasta el 1,9% en noviembre desde el 2,2% del mes precedente. Está en línea con el ligero enfriamiento de la economía. En todo caso, sigue estando en el rango del objetivo de inflación del Banco Central Europeo. Draghi sugirió la semana pasada que la decisión de desmantelar la expansión cuantitativa es firme.

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Lo mucho que cuesta que suba la inflación estos días revela que, entre otras razones, la presión de los salarios no parece muy elevada. Simplemente, porque el crecimiento de los mismos tampoco parece serlo en muchas economías de la eurozona. En España, se palpa la tensión en torno a la negociación salarial para el próximo año. Al mismo tiempo, se sigue hablando de la propuesta «de choque» anunciada por el Gobierno de elevación del salario mínimo interprofesional (SMI). El pespunte de esta difícil costura quiere ser una especie de contrarreforma laboral que, al mismo tiempo que propone cuestiones lógicas como la simplificación de los tipos de contratos, conlleva fundamentalmente derogar la que fue aprobada por el Gobierno anterior, siguiendo las recomendaciones (primero) y alabanzas (después) de las autoridades internacionales.

Desde esta tribuna señalé hace semanas que la elevación del SMI podría tener cierto sentido económico y oportunas dosis de dignidad social siempre que se acompañe, por ejemplo, de una calibración presupuestaria adecuada. Es una de esas medidas que no puede ser un cañonazo aislado. La falta de apoyo a los Presupuestos del Gobierno está haciendo que tenga cada vez menos sentido proponer acciones si no forman parte de un todo contable razonado. Las políticas inconexas no suelen funcionar. No ayudan a una formación de expectativas adecuadas para la necesaria estabilidad de largo plazo. Como suele suceder cuando la confrontación no ofrece salidas en la aritmética parlamentaria, se trasladan debates adulterados a la calle. Se ejerce pedagogía negativa. Se desaprende. Así, ahora parece que la única forma de solventar la recuperación de los salarios es mirar a la inflación. Y lo mismo ocurre con las pensiones. Porque cuando por primera vez en mucho tiempo se avanzó en el debate de la sostenibilidad de las mismas, hubo un acuerdo coral para una subida conforme a la inflación que volvió a echar la racionalidad por tierra.

Por otro lado, los aspectos que han trascendido de la propuesta de la contrarreforma laboral se centran en dar mayor prevalencia a la negociación sectorial sobre la de empresa y otras medidas que pueden traer de vuelta más rigidez, con posibles efectos no deseados. La simplificación de contratos sí que ha estado siempre ahí como una medida que podría haber generado consenso pero que nadie ha podido sacar adelante. Entretanto, las políticas activas de formación y reciclaje siguen teniendo poco éxito y los jóvenes no sienten los beneficios del Estado del bienestar en la medida en que lo hacen sus mayores. Sigue existiendo un desajuste entre formación y empleo que no se quiere afrontar. O, al menos, no se afronta con el realismo necesario.

Fuente: El País