En la última década, el tejido empresarial en el sector de la ingeniería de consulta en España se redujo a la mitad. Y hay tres grandes motivos que lo explican. Por un lado, el escenario de contratación, que propiciaba las subastas en las licitaciones adjudicando al más barato con bajas escandalosas que llegaron a superar ampliamente el 50%. Esto afortunadamente ha cambiado parcialmente con la Ley de Contratos del Sector Público que entró en vigor el 8 de marzo del año pasado, es decir, hace ahora un año. Por otro lado, la contracción del mercado ante la escasa licitación por parte del Ministerio de Fomento. Y finalmente, el encargo directo a la ingeniería pública Ineco de una gran parte de los servicios de ingeniería demandados por el grupo Fomento (especialmente Aena y Adif).

En lo que a este tercer problema concierne, la realidad es que ningún titular de Fomento, sea del signo político que sea, lo ataja, manteniendo así una grave amenaza para el futuro de un sector privado consolidado, reconocido internacionalmente y estratégico para el país. El caso más reciente lo encontramos cuando el pasado 27 de febrero Adif Alta Velocidad adjudicó a Ineco un contrato de 2,5 millones de euros para la redacción del proyecto de ampliación y modernización de la estación de Chamartín en Madrid para atender el crecimiento de la demanda con los futuros servicios al norte peninsular y los enlaces con el sur peninsular.

Una adjudicación que no se entiende si nos atenemos a que Ineco solo debería recibir encargos por motivos de urgencia, seguridad nacional o concurso desierto y no concurren ninguno de los supuestos, ni siquiera el de urgencia, ya que estamos hablando de preparar una infraestructura para futuros servicios y la renovación de esta estación planea ya desde hace años.

Por todo ello, instamos al Ministerio de Fomento a que desista en el uso indiscriminado de la figura de “encargo a medios propios” (antes conocida como “encomiendas de gestión”), alimentando a Ineco a costa de las ingenierías privadas y menoscabando el principio de libre competencia.

Y es que los datos hablan por sí solos. Entre 2007 y 2017, Fomento y sus empresas públicas redujeron la licitación de servicios de ingeniería un 55%, pasando de 745 a 335 millones de euros, mientras que el volumen de negocio con Ineco apenas se redujo en ese tiempo un 5%, es decir 11 veces menos. Y otro dato a tener en cuenta es que Ineco consumía en 2007 aproximadamente el 20% del presupuesto de Fomento en servicios de ingeniería para, diez años más tarde, casi duplicarse. Y en años anteriores este porcentaje llegó a ser alarmantemente superior, como el caso del año 2012, en el que Ineco absorbió el 69% del mercado de ingeniería de Fomento.

Datos en definitiva que muestran que para una ingeniería privada española trabajar en su país es cada vez más difícil, por mucho que el escenario de contratación haya mejorado, mientras que la ingeniería pública subsiste sin grandes problemas, mejor o peor alimentada, pero alimentada al fin y al cabo.

La reducción del mercado causada por las tres circunstancias que hemos indicado está provocando que las ingenierías privadas españolas tengan que acudir a concursos casi en exclusiva a los mercados internacionales. De hecho, más del 90% de la actividad actual de las grandes ingenierías españolas está fuera de España, cuando nuestras homólogas de otras potencias económicas tienen entre el 40% y el 60% en sus países de origen y el resto en los mercados internacionales.

Y el caso es que en España este equilibrio antes se cumplía. Hasta 2007 el 40% del negocio de las grandes empresas de ingeniería estaba en el exterior, pero la contracción del mercado nacional provocó que se acelerase la internacionalización hasta llegar a duplicar en una década su negocio fuera de nuestras fronteras.

Este desequilibrio de actividad conlleva un alto riesgo de deslocalización, ya que mantener la sede central de una compañía en un país que representa el 5% de su negocio, cuando otros mercados llegan a representar cuatro o cinco veces más, puede provocar que alguna se plantee un cambio.

Y no olvidemos un segundo efecto pernicioso. Menos trabajo para las ingenierías en España significa también menos referencias para poder competir en el exterior y ganar contratos. La internacionalización es la única salida posible si las cosas en casa no marchan bien, pero para ello se necesita, además de cierto tamaño (no todas las empresas pueden), presentar credenciales recientes y para muchas ingenierías su tarjeta de visita es hoy ya un libro de memorias.

Por tanto, para el sector de la ingeniería es primordial que la inversión pública en infraestructuras crezca hasta suponer el 2%-2,5% del PIB, pero en ningún caso, ya sea el pastel más grande o más pequeño, hay que caer en la tentación de seguir desviando por parte de Fomento una parte tan notable de ese pastel a su empresa de confianza, Ineco, para que mantenga su dimensión a costa de las más de 1.500 empresas que conforman el tejido empresarial privado.

De hecho, si nos atenemos al mencionado contrato adjudicado recientemente a Ineco, me quedo corto si digo que en España hay decenas de compañías privadas con capacidad suficiente para llevarlo a cabo. Adif Alta Velocidad, o lo que es lo mismo, el Ministerio de Fomento, tiene la oportunidad de mostrar que lo público está al servicio del interés general, abriendo el correspondiente concurso público para que cualquier ingeniería pueda optar al contrato de la estación de Chamartín en Madrid. Y adjudicarlo en base a criterios de calidad y de precio, en lugar de contratar a tarifa fija, con lo que también se obtendría un beneficio evidente para las arcas públicas. Es una cuestión de libre mercado y libre competencia para beneficio de todos y cada uno de los ciudadanos.

Fernando Argüello es director general de la patronal de ingeniería Fidex

Fuente: Cinco Días