El pacto de Estado contra la violencia de género especificaba que esta partida aumentaría en 200 millones cada año, pero en los Presupuestos Generales del Estado de 2018 solo figuran los 80 millones que va a gastar de más el Gobierno central, hasta llegar a los 408 millones de euros, “el más alto de la historia”, según dijo la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat. En el pacto se estipulaba que habría una partida “finalista” de 100 millones extra para las comunidades, y de 20 para los Ayuntamientos. Pero en el proyecto que presentó Montoro ayer no figuran. Pese a ello, Montserrat insistió en que el pacto se cumplía. La ministra argumenta que los 100 millones extra deben salir de los 4.000 millones en que aumentan las aportaciones a las autonomías (representa el 2,5% del total), igual que la partida de los Ayuntamientos: 20 millones de un incremento de 248 millones (el 8%).

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Esto no se ajusta a la letra del pacto, pero la ministra manifiesta que eso ya lo sabían quienes lo firmaron, ya que la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca) no permite que el Gobierno central fije en qué deben gastar las comunidades el dinero que les transfiere. Ángeles Álvarez, diputada del PSOE, afirma que esto no es cierto y que en los Presupuestos hay partidas concretas, por ejemplo dentro del programa 232C contra la violencia de género, que especifica «transferencias corrientes a comunidades autónomas» por 9,5 millones por conceptos como «programas de asistencia social para mujeres víctimas deviolencia de género y otras formas de violencia contra lasmujeres», «programas para la implementación de planes personalizados deatención y desarrollo de actuaciones en relación a otras formas de violencia contra las mujeres» y «programa para el apoyo a víctimas de agresiones y/o abusos sexuales».

Un 3,9% más para Sanidad

La aportación del Estado a la Sanidad, también transferida a las comunidades autónomas, aumenta un 3,9%, de 4.093 millones en 2017 a 4.251,5. Este gasto supone apenas un 1,2% del gasto presupuestario total propuesto por el Gobierno. 

Las cuentas recogen un aumento de todas las partidas, en algunos casos tímido como en la donación y transplantes, que crece en un 0,7%, hasta 4,1 millones, y en otros más significativos. La dotación que más sube es la destinada a la asistencia hospitalaria en las Fuerzas Armadas, que pasa a 150,16 millones, un 12,4%.

La inversión para la igualdad entre hombres y mujeres, en un año marcado por la movilización social con la huelga de mujeres histórica de este 8 de marzo, se queda prácticamente como estaba hace un año. Sube apenas un 0,5%, de 19,74 millones en 2017 a 19,84 en 2018, todavía un 36,3% menos que en 2011, cuando recibía 31,16.

Pobreza infantil

Pese a que el pacto de investidura de 2016 entre Ciudadanos y PP prometía 1.560 millones de euros para un plan contra la pobreza infantil, la cuantía ha quedado en 346 millones. «Da la impresión de que la única intención detrás de estos presupuestos es electoralista, ya que ha quedado fuera uno de los compromisos sociales adquiridos en el pacto de investidura con el único colectivo que no puede votar», ha lamentado Andrés Conde, director general de Save the Children.

Las cuentas de 2018 recogen también un recorte en los servicios sociales de la Seguridad Social a personas con discapacidad y a personas mayores. Es un 1,1% y un 0,1% menos, respectivamente, y pasan a recibir 52,7 y 117,34 millones de euros.

En 2017 España acogió a 1.279 refugiados de los 15.888 a los que se comprometió con la Unión Europea a dar asilo. Quedarían miles de personas por acoger en 2018, pero el Gobierno mantiene la misma partida dedicada a esta ayuda, 229 millones de euros, igual que en 2016 y 2017.

Sí que aumenta ligeramente, en un 1,7%, hasta 318 millones de euros, el dinero destinado a acciones en favor de los inmigrantes. Ante el incremento de las solicitudes de asilo el Gobierno destina 24 millones para el Sistema de Protección Internacional.

46 millones más para dependencia

La partida más importante de servicios sociales, la dedicada a la atención a personas con dependencia, sube en un 3,4% en comparación con 2017, y pasa de 1.354,81 millones de euros a 1.401, millones, 46,1 millones más, aunque el año pasado dejó sin ejecutar 44 millones. Pese a ese incremento, el dinero que el Estado dedica a la dependencia queda aun por debajo de los niveles de 2011, cuando el Gobierno central empleaba 1.498,44 euros para atender a los dependientes.

Entre 2016 y 2017 el presupuesto aumentó en mayor cuantía, además, y sumó 100 millones en lugar de los 46 de ahora. De aquel aumento quedaron sin gastar 44 millones de euros, por lo que este año vuelven al presupuesto y le suman 2,1 millones.

La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales ha sido sin embargo muy crítica con las Cuentas del Estado y esos 46 millones de aumento en dependencia. «Teniendo en cuenta que la atención media de un dependiente cuesta 6.665 euros al año, en el mejor de los casos se podrían atender a unos 6.900 de la lista de espera, lo que condena al 98% restante de la lista a no recibir prestación o servicio de la ley de dependencia durante este año». En un comunicado, la entidad denuncia que en 2018 fallecerán más de 30.000 personas sin recibir los servicios o prestaciones a que tenían derecho.

Fuente: El País