El próximo 29 de marzo es la fecha fijada para que el Reino Unido abandone la Unión Europea (UE). Sin embargo, tras los constantes rechazos del Parlamento británico a los acuerdos propuestos por la primera ministra, Theresa May, que se suman a la negativa de la misma cámara a aceptar un Brexit duro, la incertidumbre es la única evidencia que rodea a este caso sin precedentes.

El futuro de las tasas universitarias y los convenios internacionales es uno de los problemas que más preocupa a los estudiantes europeos, especialmente en unas fechas en las que la mayoría de los centros ya han asignado las plazas de movilidad para el próximo curso. España es el segundo socio de intercambio más importante para el Reino Unido, ya que recibe el 12,4% de los estudiantes británicos. Por su parte, el número de españoles que estudian en el país sajón crece cada año, y el curso pasado ascendió a más de 8.700 alumnos.

En concreto, la situación del programa Erasmus, que el año pasado atrajo a más de 797.000 personas, es uno de los frentes que más inquietud genera. El espacio cuenta, además, con una importante carga simbólica. “Es la bandera del europeísmo, ya que ha conseguido una gran cohesión entre los ciudadanos, y así debería seguir siendo”, señaló el consejero de educación de la representación permanente de España ante la Unión Europea Andrés Contreras, durante la jornada El Brexit y las universidades españolas, celebrada este jueves en la Oficina en Madrid de la Representación en España de la Comisión Europea y organizada por Universities UK y la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE).

En principio, los estudiantes actuales que se encuentren en el extranjero no tendrían ningún problema para acabar su estancia y disfrutar de la beca. En caso de que este mes se produzca una salida sin acuerdo, “las movilidades que estén en curso seguirán siendo financiadas por el programa Erasmus +”, explicó la directora del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (Sepie), Coral Martínez. Por el contrario, la pregunta que más preocupa actualmente es ¿qué pasará con los alumnos con plazas confirmadas para estudiar fuera el año que viene si se produce una salida forzosa? Las instituciones aún no dan una respuesta clara, a la espera de lo que ocurra a partir del próximo 29 de marzo. “No es que no tengamos soluciones, es que no podemos tenerlas”, justificó la vicerrectora de internacionalización de la Universidad Autónoma de Madrid, Carmela Calés.

A este respecto, Martínez se mostró optimista y alegó que, en su opinión, no se producirán cambios significativos. “Tengo la esperanza de que, aunque abandonen la UE, sigan formando parte del programa Erasmus y asumiendo sus responsabilidades en este sentido, al igual que lo van a hacer con otras muchas cosas”, continuó. De los 38 países que forman parte del acuerdo, hay 10 que no son miembros de la UE, pero participan en el mismo sin ningún tipo de impedimento. Es el caso de Suiza, Turquía o Noruega, entre otros. “Salvo que no contribuyeran económicamente, todo podría continuar con normalidad”, apuntó Contreras, quien insta a mantener la calma ante un escenario que considera dramático, pero que, asegura, no tendrá un desenlace trágico.

El precio de las tasas universitarias es otro de los campos de batalla. Salvo en el caso de Escocia, donde la matrícula es gratuita, los estudiantes españoles que están actualmente en el Reino Unido pagan alrededor de 13.000 libras anuales, lo mismo que los alumnos británicos, sin embargo, si se llega a producir un Brexit duro, este importe podría alcanzar las 25.000 libras, explicó el consejero de educación en el Reino Unido y la República de Irlanda en la embajada de España en Londres, Gonzalo Capellán. Por ahora, el gobierno británico ha anunciado que los alumnos que empiecen el año académico 2019-2020 puedan hacerlo al mismo precio que los locales. No obstante, las organizaciones demandan que esta garantía se extienda a los años posteriores.

Por otra parte, los expertos niegan la posibilidad de trabajar en acuerdos bilaterales que mitiguen los efectos de una salida sin acuerdo, ya que esto iría en contra de las directrices europeas, que piden que los planes de contingencia sean unilaterales, excepcionales y temporales, con el objetivo de que esta opción no sea más atractiva para Reino Unido que el acuerdo que se propone desde Europa.

Fuente: El País