Han pasado casi seis meses de la resolución y venta del Banco Popular al Santander a cambio de un euro y tras poner el valor de sus acciones y la mayor parte de los bonos a cero. Cada día que pasa surgen más incógnitas sobre una operación que se cerró en apenas 12 horas: entre las seis de la tarde del martes 6 de junio (cuando el consejo de administración del Popular dijo al BCE que no podría abrir las oficinas al día siguiente porque se había quedado sin dinero) y las seis de la madrugada del 7, cuando el Santander cerró la adquisición.

El Popular estrenó el Mecanismo Único de Resolución (MUR), el incompleto e imperfecto sistema europeo de liquidación de bancos. Ante esta situación, si no se hubiera vendido el Popular al Santander (con la bonificación de quedarse 2.000 millones de los recursos propios del Popular, una vez puestas las acciones y una parte de los bonos a valor cero), el sistema financiero español hubiera colapsado en una tormenta perfecta del estilo de Bankia. La incapacidad de las autoridades para mantener el Popular abierto ni un día más les dejó en manos del Santander, presidido por Ana Botín, el único banco que se mantuvo en la subasta.

Este grave nivel de improvisación en la resolución de un banco de 140.000 millones de activos, imposible de solucionar mediante un concurso de acreedores, ha alimentado las más diversas teorías. “¿Se puede jugar el futuro del sistema financiero en una madrugada si no es porque se tenía una solución acordada de antemano que beneficiaba al Santander?”, preguntó Pedro Saura, portavoz del PSOE, el 20 de diciembre en el Congreso a Jaime Ponce, presidente del FROB. Una cuestión parecida planteó Idoia Sagastizabal, del PNV, así como Francisco De la Torre, de Ciudadanos, que pidió conocer la información que tenía el Santander aquella noche sobre su rival en la subasta, el BBVA. Alberto Montero, de Unidos Podemos, reclamó las actas del FROB y una pormenorizada descripción de lo que se hizo en aquella famosa noche. Por parte de Ponce solo hubo negativas y respuestas genéricas, lo mismo que hizo Elke König, presidenta de Junta Única de Resolución (JUR), también en el Congreso y antes cuestiones parecidas, lo que le valió una reprimenda sin precedentes.

Economía no mandó auxilio

Veinte días antes del fatídico 6 de junio, el Popular pidió ayuda al Ministerio de Economía, que les informó de que el Tesoro no avalaría su deuda a largo plazo, algo que sí hizo un mes después el Gobierno italiano con sus bancos venecianos. El organismo que dirige Guindos no se involucró y dejó al Popular a su suerte. Este aval, usado por todos en la crisis financiera de 2010, hubiera ayudado al Popular a ganar tiempo mientras cerraba la ampliación de capital, prevista para el 12 de junio, con el apoyo del Deutsche Bank y de Barclays. Pero murió cinco días antes de llegar a la meta.

Varios diputados cuestionan la versión oficial ante la gran improvisación de las autoridades europeas que dejó al Santander como único comprador

Poco después de este fiasco, el 31 de mayo, König provocó una nueva crisis en el banco, cuando trascendió en los medios que analizaba la situación del Popular para socorrerle. El banco perdió 5.000 millones en depósitos en dos días, muchos de ellos de empresas públicas. El 1 de junio, ante la gravedad de la situación, el Popular activó la petición de liquidez de emergencia (ELA) al Banco de España: reclamó 9.000 millones avalados con sus activos. El supervisor le entregó con rapidez 3.400 millones (que se gastaron el 5 y 6), y el sábado 3 de junio le comunicó que no le daría más porque ya estaba bajo el control de las autoridades europeas, según fuentes del anterior consejo.

Ese sábado se convocó a los cinco bancos que habían estudiado la compra del Popular en el proceso privado que realizó la propia entidad en mayo; después, el BCE eliminó a tres (CaixaBank, Sabadell y Bankia) y solo quedaron dos: el BBVA y el Santander. Les requirieron una oferta para el sábado 10 de junio. Pero el banco cayó antes.

12 horas de infarto

En la tarde del 6 de junio, el consejo del Popular pidió su rescate. Una vez que entró en proceso de resolución, el banco solicitó liquidez al MUR para abrir las oficinas al día siguiente y disponer de un tiempo precioso para vender ordenadamente el banco a un precio razonable, no de derribo, como luego ocurrió. Los responsables europeos reconocieron esa noche que no tenían liquidez o que no la iban a utilizar. Incluso algunos dirigentes europeos parecieron sorprendidos ante la sequía del Popular, pese a que la entidad llevaba un año de crisis e informaba al BCE dos veces diarias.

Al mismo tiempo, ese martes 6 de junio, el BCE pidió de urgencia ofertas al Santander y BBVA por el Popular. Según fuentes conocedoras de la operación, el BCE celebró la conferencia con diferentes autoridades antes de las 00 horas del miércoles. Decidió que el Popular debía ser “resuelto” y pasó a manos de la JUR, que realizó sus comunicaciones internas sobre la una de la madrugada.

El BBVA se retiró de la puja antes de medianoche de aquel día: era demasiado precipitado, dijo, y necesitaba garantías que la UE no le concedió. El Santander se quedó solo.

Se produjo la máxima tensión porque había un último escollo: Santander debía obtener el permiso especial de la FED estadounidense para comprar la filial del Popular en Florida ya que el Santander tenía prohibido adquirir bancos en EE UU, tras suspender los test de estrés. En la madrugada llegó el permiso. Y se cerró la compra. Pero se abrió la polémica, acrecentada porque Europa se niega a entregar el informe en el que se apoyó para hacer la venta. “Es una operación opaca”, resumió el veterano experto Aristóbulo de Juan en el Congreso.

El Ministerio de Interior fue avisado ante un posible cierre de oficinas

En noche del 6 al 7 de junio pasado, mientras las autoridades europeas debatían con nervios y tensión cómo se deshacían del Popular sin poner liquidez y sin crear una nueva crisis financiera, la cúpula del banco preparaba el concurso de acreedores para cumplir la ley. En España el sistema de suspensión de pagos para los bancos no es operativo. El Banco Madrid, con 6.000 millones de activos, lleva dos años y medio sin resolver su liquidación. El Popular, con 140.000 millones, era una bomba.

Entre los trámites que preparaban para el concurso, una de las medidas fue comunicar al Ministerio de Interior que las 1.739 oficinas podían no abrirse el 7 de junio, con la posibilidad de provocar desórdenes públicos. Enviaron las localizaciones de las sucursales para que lo supiera la Policía. Además, el Popular preparó el bloqueo de su página web y de sus 2.335 cajeros para impedir que nadie retirara efectivo. “Era un imposible, intentar organizar el caos”, apunta un exdirectivo con resignación.

Fuente: El País