El mismo día que Pedro Sánchez tomaba posesión como presidente del Gobierno decaía la aplicación del artículo 155 de la Constitución sobre Cataluña. Ese mismo día, los nuevos consellers catalanes también tomaban sus nuevos cargos. Pero el levantamiento del 155 no implica que Cataluña recupere el control total de sus cuentas. Deberá enviar al próximo ministro de Hacienda un certificado con carácter mensual de todos sus gastos en el que garantice que no se destina dinero público a actividades vinculadas con el secesionismo. Así lo acordaron la semana pasada los anteriores responsables ministeriales. Los socialistas ya han avanzado que mantendrán ese mismo control. De esta forma, el Ejecutivo mantiene esa estrecha tutela que aplicó a finales de 2015 y que es más exigente que el que aplica a otras comunidades. Y será el nuevo Ejecutivo el que decida hasta cuándo mantiene la vigilancia.
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Lo que si recupera Cataluña es el control sobre sus cobros y pagos. Desde mediados del pasado septiembre y ante la escalada independentista por el 1-0, Hacienda intervino las cuentas de la Generalitat. Asumió todos los pagos para asegurarse de que no se destinaba ni un euro a actos relacionados con el independentismo y evitar la creación de estructuras de estado. En lugar de entregar al Govern los fondos que le correspondían del sistema de financiación, Hacienda utilizaba ese dinero para pagar las facturas de la Generalitat, incluidas las nóminas de las funcionarios autonómicos. Además, obligó a todos los bancos que trabajan con la Generalitat a emitir un certificado para asegurarse de que no se pagaban facturas del independentismo.
Control mensual
Esa intervención férrea decae este lunes. Y la Generalitat recupera el control de sus pagos. Pero tendrá que seguir rindiendo cuentas mensualmente a Hacienda. El anterior Ejecutivo aprovechó la redacción de la norma que regula el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) —los créditos del Estado para que las comunidades con apuros de liquidez— para exigir un control reforzado. El Gobierno de Rajoy comenzó a endurecer el control en noviembre de 2015 cuando comenzó a dispararse la tensión justo antes de la investidura de Puigdemont. Entonces, el ex ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, obligó a la interventora general de Cataluña a enviar un certificado mensual con todos los pagos de la Generalitat para evitar que se destinase dinero público a «veleidades independentisas», como explicó el ministro en aquella época.
En julio de 2017, cuando la situación parecía abocado al enfrentamiento político entre los dos bloques, Hacienda endureció ese control y exigió que los certificados fueran semanales. En septiembre del mismo año, tras la polémica sesión en el Parlament catalán para convocar el referéndum ilegal, el Gobierno de Rajoy aprobó la intervención total de las finanzas catalanas.
Fuente: El País