El consejo de administración de Repsol ha acordado dotar una provisión de 837 millones de euros tras haber perdido un segundo laudo parcial en el arbitraje internacional de 2015 sobre las reclamaciones de la chinas Sinopec y Addax contra ROGGI y TCHL, sociedades de Talisman, filial canadiense de Repsol.

Según anuncia la petrolera española en un hecho relevante, aunque el tribunal solo se ha pronunciado sobre una de las cinco cuestiones de la fase de responsabilidad y, aunque considera que las reclamaciones carecen de fundamento y aún no se ha decidido la indemnización, por razones de prudencia ha optado por acordar la provisión que se reflejará en sus cuentas .

En dicho arbitraje, relativo a hechos que tuvieron lugar en 2012, antes de la adquisición de Talisman por Repsol en 2015 –y que no implica acción alguna llevada a cabo por Repsol–, Addax y Sinopec solicitaban, para el caso de que sus pretensiones fueran estimadas en su totalidad, una cifra total aproximada de 5.500 millones de dólares estadounidenses, que según sus peticiones, correspondería al importe de su inversión inicial en TSEUK y cualesquiera incrementos de inversión posteriores, realizados o por realizar en el futuro, así como las pérdidas de oportunidad que pudieran haberse producido.

Por su parte, el 30 de noviembre de 2017, Repsol S.A. comenzó otro arbitraje contra China Petroleum Corporation y TipTop Luxembourg S.A.R.L reclamando una indemnización por los perjuicios que pueda sufrir como consecuencia de cualquier decisión adversa en el arbitraje mencionado anteriormente, junto con otros daños aún no cuantificados. Este procedimiento se fundamenta en la conducta, por parte de aquellas, frente a Repsol, durante los meses previos conducentes a la adquisición del Grupo Talisman.

En relación con el procedimiento iniciado por Addax y Sinopec, Repsol informa de que el Tribunal Arbitral emitió en 2017 un primer laudo parcial rechazando las reclamaciones de Addax y Sinopec basadas en el incumplimiento de las garantías contractuales. Igualmente, decidió, entre otras cuestiones procedimentales, la bifurcación del procedimiento en dos fases: en la primera resolvería sobre responsabilidad y en la segunda, sobre la cuantía de las responsabilidades que, en su caso, se hubieran determinado.

Fuente: Cinco Días