La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha confirmado hoy la voluntad del Gobierno de cerrar el parque nuclear español a medida que las centrales nucleares cumplan sus 40 años de vida útil tecnológica en consonancia con el programa del PSOE. Durante su primera comparecencia ante la Comisión para la Transición Ecológica,, Ribera expresó su «convicción clara» al respecto. «El PSOE y el Gobierno se atienen a lo que se introdujo en su programa, que es tomar como referencia el plazo de vida útil desde el inicio de la explotación comercial de la central», indicó.

Ribera aludió a las interpretaciones de los distintos grupos parlamentarios sobre lo que se entiende por vida útil: para algunos es la fecha para el cierre de la central, mientras otros quieren aplazar el funcionamiento «más allá del plazo tecnológicamente previsto». La voluntad expresada por la ministra llevará al apagón nuclear a 2028, cuando la central nuclear más joven, la de Trillo (Guadalajara), termine su vida útil. En cualquier caso, para la ministra es preciso abordar las «obligaciones» relacionadas con ese final y que se deberán acometer igualmente, ya sea adelantado o postergado, tales como las de los coste financiero, las necesidades técnicas y de ingeniería, la gestión de los residuos peligrosos.

Así, denunció la falta de un plan nacional de residuos radiactivos, por lo que España está «incumpliendo una obligación» europea y que en la actualidad se desconocen aspectos tales como el coste de la gestión de los residuos nucleares e incluso la cantidad de residuos existente. La cuestión requiere, en su opinión, un análisis «más profundo» así como entender los escenarios económicos y financieros.

la ministra también anunció que en la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética incluirá la obligación de que las empresas cotizadas presenten un informe anual de evaluación del riesgo climático y de carbono de su actividad. Aunque la mayoría de las del Ibex proporcionan esta información en sus informes de sostenibilidad, no tienen la obligación. 

Ribera ha señalado que esos reportes de las empresas cotizadas influirán en el diseño de sus estrategias de negocio y serán un reflejo de si se están haciendo bien las cosas en materia climática.

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En su comparecencia para exponer las líneas de su departamento, ha reiterado que antes de final de año remitirá a las Cortes un borrador de proyecto de ley. Con esta, su ministerio, pretende una «transición ecológica justa y equitativa».

Entre las medidas que incluirá la norma está la publicación por parte del Banco de España de informes periódicos sobre el estado de la economía española, sus vulnerabilidades, riesgos y fortalezas frente al cambio climático.

Además, la ley contemplará la inclusión de criterios verdes obligatorios en la contratación pública e impulsar una reforma fiscal que avance en la fiscalidad ambiental en España.

En este sentido, la ministra ha dicho que hay que actualizar el sistema fiscal para adecuarlo a la realidad climática y ha señalado que la integración de modalidades que permitan fijar un precio al carbono es algo que no se puede obviar.

Ribera reconocío que «no partimos de cero, tenemos una mcohila a las espaldas», en alusión a los impactos que la transición tendrá sobre ciertos sectores económicos y ciydadanos. En este sentido, subrayó que «todos son actores del cambio». En particular, las comarcas que dependen de uno o dos centros de producción que se vean afactados (como las centrales de carbón).

La ministra anunció un primer paquete de medidas urgentes, de las que no dio detalles. Entre ellas, una revisión del tratamiento a la cogeneración y regulación del autoconsumo y un marco regulatorio previsible y estable para los inversores. Ribera se mostró partidaria de aprovechar el potencial del IDAE, que se ha limitado en los últimos años a expedir certificados.

Durante su intervención recordó que  «el diésel tiene los días contados» y que su «impacto» en la calidad del aire «es lo suficientemente importante como para ir pensando en un proceso de salida».Respecto a  una posible subida de impuestos que pudiera afectar a este carburante, se remitido a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, si bien, defendió «señales fiscales y regulatorias» para apoyar a los gobiernos municipales «en ese proceso de cambio» de la movilidad.

Fuente: Cinco Días