El colectivo que reúne a las mayores constructoras y concesionarias del país, Seopan, ha entregado una propuesta al Ministerio de Fomento en la que defiende el mantenimiento del pago por uso en el peaje histórico de primer vencimiento, el tramo entre Burgos y Armiñón de la autopista AP-1. Gestionada por la compañía Itínere, esta importante carretera de pago revierte a la Administración el próximo mes de noviembre, ante lo que Fomento ya ha decidido que no prorrogará la concesión y debe resolver ahora si la relicita o abre esa autopista al tráfico gratuito.

La posición del presidente de Seopan, Julian Núñez, ha sido clara esta mañana en rueda de prensa: deben mantenerse las barreras y la gestión privada. El primer argumento trasladado al ministro Íñigo de la Serna y a sus técnicos es que una gran parte de los 20.000 vehículos diarios que utilizan la autopista (entre un 30% y un 50%, según la época del año) son extranjeros. Un hecho al que se suma el alto porcentaje de tráfico de vehículos pesados. Ambas cuestiones, según Seopan, desaconsejarían la inversión pública en esta infraestructura con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

Gestionada por la compañía Itínere, la AP-1 revierte a la Administración en noviembre, ante lo que Fomento ya ha decidido que no prorrogará la concesión

«La AP1 tiene 70 kilómetros en los que habrá que acometer inversiones por 300 millones en un tercer carril», ha explicado Núñez, quien respalda que esas obras sean sufragadas con cargo a los usuarios y no de todos los españoles.

Ayudas a los residentes

El presidente de Seopan es consciente de que la Comisión Europea no permite discriminar con el pago la distinta nacionalidad de los vehículos, pero entre sus propuestas también se encuentra la bonificación para reducir las tarifas a los usuarios frecuentes y locales de la AP-1. Una medida con la que se mitigaría el impacto de ampliar los años de peaje en esta autopista mientras el 82% de la red española de alta capacidad está abierta al tráfico gratuito.

El colectivo empresarial entra de este modo en un debate que resulta impopular y que  los partidos políticos han intentado eludir hasta este momento. La patata caliente es tal que De la Serna ha pedido un pacto a la oposición para tomar una medida respecto a los 1.000 kilómetros de autopista de próximo vencimiento, de los 3.300 kilómetros de peajes que cruzan España. En una primera aproximación al asunto, los grupos en la oposición hicieron piña y votaron semanas atrás contra la prórroga de estas concesiones e incluso de la relicitación; momento en el que el propio PP se abstuvo. Y es que tras la AP-1, llegan los vencimientos desl tramo catalán de la AP-7, la AP-4 (Sevilla-Cádiz) y la AP-2 (Zaragoza-Mediterráneo), todas ellas operadas por Abertis.

Ante esta constestación desde el Congreso, Julián Núñez, interpreta que hay propuestas contrarias a la gestión privada que, por contram abogan por la tarificación de las autovías. En todo caso, Seopan prepara un informe «para que la toma de posiciones se base en datos y no en la conveniencia política».

La patronal de las concesionarias ha decidido abordar caso por caso el vencimiento de concesiones a la vista de las particularidades de cada infraestructura. La AP-1 es un eje principal en las comunicaciones de España con Portugal y Francia, así como un corredor fundamental para el tráfico de mercancías. Desde Seopan estiman que el paso del peaje a carretera libre de pago incrementaría el número de usuarios aproximadamente en un 35%, de los 20.000 vehículos diarios actuales a 27.000. En esas circunstancias de mayor demanda, ha reseñado el presidente de Seopan, «es muy difícil ejecutar una ampliación compleja como es la del tercer carril en 70 kilómetros de trazado».

Más de 400 millones en mantenimiento

Seopan cifra entre 400 y 450 millones el coste anual del mantenimiento y conservación de las autopistas con inminente fecha de caducidad, una factura que debería asumir el Estado en caso de que estas se abran al tráfico de forma gratuita. La presión popular en contra de la prórroga a Itínere y Abertis ha sido de alta intensidad en los últimos años.

En caso de que el Gobierno promueva nuevas concesiones, para recaudar con los concursos y eludir los costes de mantenimiento, se da por descontado que las tarifas que pagan los usuarios deberían bajar una vez que ha sido amortizado el coste de construcción. Pero también están por ver las nuevas necesidades de ampliación y modernización de las que estuvieron entre las primeras autopistas del país.

Fuente: Cinco Días