El Gobierno ha lanzado, de nuevo con ahorro sobre lo previsto, el segundo cálculo de la responsabilidad patrimonial de la Administración (RPA) como compensación por la quiebra de las autopistas de peaje. En este caso se ha abierto el trámite de audiencia para la liquidación provisional de esta indemnización en la AP-36 Ocaña-La Roda.

Si este trámite concluyó con una cifra millonaria en negativo para la madrileña M-12 el pasado 31 de enero de 2020, esta vez la RPA reconocida asciende a 319 millones de euros. Una cuantía que es resultado de la suma de la RPA por obras (309.224.497,42 euros) y la RPA por expropiaciones (24.536.532,00 euros). A la suma de ambas magnitudes, Transportes descuenta 11,6 millones de euros invertidos en poner la infraestructura a punto y otros 2,2 millones por indemnizaciones pagadas a los expropiados por la Administración.

Además, sobre el importe de la RPA reconocida, se retendrán provisionalmente los importes para afrontar la liquidación de situaciones aún pendientes (estimación de los importes por expropiaciones pendientes de pago, de las que pueda tener que hacerse cargo la Administración). Un monto que asciende a  1,7 millones. Por tanto, ha informado el Ministerio a través de un comunicado, se deberá proceder al pago a cuenta de 318.127.887,68 euros.

La cifra está muy lejos, hasta un 35% por debajo, de la estimación máxima de 487 millones que la Administración había fijado para esta autopista entre Ocaña y La Roda.

La AP-36, en su día participada por Ferrovial (55%), Sacyr (40%) y KutxaBank (5%), fue a liquidación con 556 millones de euros. Una posición que la banca convencional traspasó con fuertes quitas a fondos oportunistas.

El hecho de que el descuento sobre la RPA inicial haya sido mucho menor que en la M-12 se debe a que la AP-36 apenas cuenta con procesos expropiatorios abiertos (195 millones de euros reservados en el caso de la M-12) ni el Estado tuvo que afrontar fuertes indemnizaciones a los propietarios del suelo en el momento de la liquidación de la concesionaria.

El Gobierno fijó en mayo de 2019 un máximo de 3.305 millones por la factura de la RPA en las ocho concesionarias de autopistas rescatadas y fue publicado en el BOE un techo indemnizatorio en cada una de las concesiones.

Además de la citada estimación máxima de 487 millones para la AP-36 (Ocaña-La Roda), la R-3 y R-5 (Accesos de Madrid) no excederá los 637,9 millones; para la R-2 (Henarsa) se contemplan 40,7 millones; la R-4 no puede superar los 559,6 millones; la Cartagena-Vera (Aucosta) tiene contemplado un techo de 526,8 millones; para Ciralsa se contemplan 398 millones; la Madrid-Toledo (AP-41) aspira a un tope de 348 millones, y para la M-12 se preveían 305 millones de euros.

Los acreedores, fondos oportunistas como Taconic, King Street, Attestor y SPV, reclamaban entre 3.500 y 4.500 millones tras comprar las posiciones acreedoras a la banca comercial.

El proceso

El cálculo parte del “acuerdo de interpretación de determinados contratos de concesión de autopistas, en cuanto al método para calcular la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA)”, aprobado por el Consejo de Ministros el 26 de abril del año pasado. El Ministerio de Transportes solicitó el 18 de febrero los datos necesarios para establecer la cifra a los distintos interesados en la quiebra de este comncesión: desde administradores concursales hasta avalistas y acreedores.

Una vez concluya el trámite de audiencia, que tendrá una duración de 15 días, se analizarán las alegaciones  y se procederá a dictar la resolución de determinación de la RPA. En los seis meses siguientes a la primera resolución de determinación de la compensación, habrá de dictarse la resolución complementaria de determinación de la RPA, con la liquidación complementaria de las situaciones pendientes. Y  seis meses después de esta liquidación complementaria se dictará una resolución, en este caso definitiva, a los efectos de regularizar aquellas situaciones pendientes que hayan quedado resueltas en este período.

Fuente: Cinco Días