UGT, que ha enviado la misma misiva al consejero delegado (José Bogas) y a los consejeros independientes (Miquel Roca, Alejandro Echevarría, Helena Revoredo, Ignacio Garralda y Francisco de Lacerda), incrimina a todo el consejo de administración por haber sido “cómplices, cuando menos pasivos, del expolio que Enel está llevando a cabo en Endesa”. Por ello, les reclama que “asuman su responsabilidad social corporativa y la defensa de nuestra compañía, que fue líder y referencia del sector eléctrico y debe volver a serlo” y les insta a “que se involucren en la adopción de cuantas decisiones y medidas sean necesarias para garantizar la viabilidad, continuidad y sostenibilidad”.

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La carta, firmada por Manuel Jaramillo (secretario general de UGT Endesa) añade: “Quizá torpemente confundiendo responsabilidad sindical con debilidad, la empresa ha respondido a nuestro esfuerzo no solo acordando el reparto de todos los beneficios en siete ejercicios consecutivos, además de un sustancioso e injustificado incremento de las retribuciones de los miembros del consejo, sino también denunciando unilateralmente el IV Convenio Colectivo y, en un momento económico indiscutiblemente favorable para Endesa, presentándonos un marco de negociación cuyo único objetivo es la reducción de los salarios y derechos de los trabajadores con pretexto de una supuesta flexibilidad, modernidad, productividad y competitividad que carece de proyecto de reindustrialización y capitalización que lo hagan mínimamente creíble”.

Tras esta severa acusación, remata: “Estamos en condiciones de afirmar, en plena conciencia de su gravedad, que la voluntad última de Endesa es generar dividendos para Enel a costa del salario y de los derechos de los trabajadores, terminar un proceso consciente y planificado de descapitalización y, finalmente, venderla o trocearla para su venta al mejor postor”.

Contra eso solicita “medidas que impulsen el crecimiento y ponga en marcha iniciativas que fomenten su desarrollo sostenible y, en tal marco, ofrezca garantías de ocupación efectiva, salidas dignas, fidelización de la plantilla y renovación progresiva pero pactada de la misma”. «Nuestra competitividad y sostenibilidad no pueden estar basadas en la reducción de costes salariales ni en la pérdida de derechos laborales y sociales», amplía.

La carta fue remitida a finales de junio, pero el sindicato que dirige Pepe Álvarez no ha recibido ninguna respuesta, por lo que ha vuelto a la carga. En la última junta de accionistas celebrada en abril tanto UGT como CC OO y el Sindicato Independiente de la Energía (SIE) tuvieron duras intervenciones contra Enel, cuyo consejero delegado, Francesco Starace, es vicepresidente de Endesa y estaba presente. El sindicato informó de la situación a Mariano Rajoy y al ministro de Energía, Álvaro Nadal, así como a los presidentes autonómicos donde opera Endesa. Ahora ha extendido sus denuncias a los grupos políticos.

«Españolizar Endesa»

UGT pretende “volver a españolizar Endesa”. Álvarez plantea que se proyecte una estrategia de Estado, ya sea mediante una fórmula privada, pública o las dos. Y, asimismo, la posibilidad de que intervenga la Fiscalía, sin descartar ejercer la acusación. “El Estado tiene medios para defenderse, hay que parar este expolio”, apunta el secretario general de UGT. Españolizar significa “creación de empleo estable, potenciar los proveedores nacionales, elevar la inversión en redes de distribución, invertir en renovables manteniendo la necesaria en la producción tradicional y tributar como empresa española y no como italiana”.

UGT denuncia que Enel ha reducido las inversiones (pasando de una media de 3.000 millones a 1.100 entre 2009 y 2017) y el ámbito geográfico (traspaso de los activos de Endesa en Latinoamérica) y trasladado la gestión a Italia (las decisiones se reportan a Roma), lo que ha repercutido en una merma de 5.000 millones de euros en contratos con proveedores españoles a favor de italianos. Asimismo, destaca que la plantilla ha caído un 29% (de 13.600 a 9.700 personas) frente al 6% de Enel (de 30.350 a 28.700).

Fuentes de Endesa sostienen que los ataques responden al intento de presionar a la empresa en la negociación del convenio colectivo. A su juicio, los sindicatos se oponen a negociar una nueva tarifa de empleado y a revisar el pacto de prejubilaciones. En el primero de los casos, los empleados de Endesa solo pagan los impuestos y el peaje de la tarifa en su casa habitual y en la segunda vivienda (siempre y cuando no esté en la misma localidad). La empresa propone que siga igual hasta los 2.500 Kw/h de consumo y que entre esa cantidad y los 9.000 Kw/h se cambie por aportaciones al plan de pensiones, guarderías y otras prestaciones, lo que supone un impacto de 500 euros al año, según los cálculos. En prejubilaciones, la intención es recortar el 80% que abona actualmente.

Esas fuentes rechazan las acusaciones de que Enel quiera vender o trocear la filial española, remitiéndose a las palabras de Starace. Y aseguran que las inversiones han evolucionado a una media de 1.700 millones y un total de 11.111 entre 2010 y 2017 (por encima del sector) y que este año han aumentado un 37% por la apuesta en renovables, así como que el plan estratégico contempla invertir 4.700 millones hasta 2020.

Fuente: El País