La CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) ha publicado este jueves un informe muy crítico sobre el real decreto-ley del Ministerio de Fomento del pasado septiembre por el que se transfiere a las comunidades y los ayuntamientos la competencia sobre la regulación de los vehículos de transporte concertado (VTC). Según el supervisor, esa regulación contiene restricciones que «perjudican innecesariamente» a los usuarios finales, «al limitar artificialmente el número de taxis y VTC y la capacidad de ambos para mejorar y desarrollar nuevos servicios en beneficio de los ciudadanos», lo que se traducirá previsiblemente «en mayores precios, mayores tiempos de espera y menor calidad» de ambos servicios. .

El supervisor entiende que la imposición del real decreto-ley de que los VTC actuales necesiten una segunda licencia para puedan ofrecer recorridos urbanos acabará aumentando la segmentación del mercado por comunidades autónomas a medida que estas vayan legislando una vez que se venza tel periodo transitorio previsto de cuatro años durante el cual pueden seguir operando.

En esta ocasión, la entidad supervisora no anuncia un recurso ante los tribunales a diferencia de lo ocurrido con anteriores decretos del Ministerio de Fomento que fueron recurridos ante el Tribunal Supremo, como el del pasado mes de mayo. No obstante, la CNMC advierte de que el real decreto-ley puede todavía modificarse ya que se está tramitando como proyecto de ley en el Congreso de los Diputados.

Más licencias de taxi y de VTC 

El organismo dirigido por José María Marín Quemada recomienda adoptar un «enfoque global» de la actividad de transporte en vehículos de turismo para que la regulación que afecta tanto a taxis como a VTC respete los principios de buena regulación económica. En su informe, la CNMC efectúa una serie de recomendaciones concretas, dirigidas tanto a las Cámaras como a comunidades autónomas y entidades locales, para mitigar el potencial impacto negativo sobre la competencia del real decreto-ley de septiembre.

Unas recomendaciones que se quedarán en papel mojado si las comunidades autónomas, bajo la presión en las calles de los taxistas, siguen la senda de la Generalitat de Catalunya, que impone normas tan restrictivas como la precontratación con al menos 15 minutos de los servicios de Uber y Cabify, lo que, en la práctica, supone sacar del mercado a estos vehículos. 

Entre las medidas propuestas por la CNMC figura la de que las autonomías desarrollen una normativa que permita que se sigan prestando servicios VTC urbanos en el futuro y evitar «discriminaciones injustificadas entre taxis y VTC en materia de contratación, horarios y calendario, características de los vehículos, circulación y estacionamiento». Es decir, justo en la línea contraria que la legislación que prepara Cataluña.

El supervisor también sugiere flexibilizar la regulación del taxi y eliminar las restricciones que les impiden mejorar la calidad del servicio, así como revisar las restricciones al número de licencias tanto de taxis como de VTC y permitir que los VTC puedan prestar su servicio más allá de su comunidad autónoma en el futuro. 

Fuente: El País