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Dos preguntas para las pensiones públicas

¿Son sostenibles las pensiones públicas españolas? La respuesta a esa pregunta es que depende de lo que entendamos por sostenibilidad. Si lo que estamos preguntando es si las pensiones públicas van a poder pagarse con la recaudación de las cotizaciones en el futuro previsible, pongamos que durante los próximos 10 años, la respuesta es que, rotundamente, no. El déficit de la Seguridad Social previsto para 2018 podría ser de unos 19.000 millones de euros y el previsto para 2019 podría estar en torno a los 22.000 millones. Además, en los próximos años el aumento de la longevidad, la jubilación de los baby boomers y el aumento de los derechos pensionables de los nuevos pensionistas harán que la nómina de las pensiones siga creciendo en el futuro.

Si lo que estamos preguntando es si el Estado español va a seguir pagando pensiones públicas en cuantías reales razonablemente parecidas a las actuales, la respuesta es, indudablemente, que sí. En 2018 en España hay, en números redondos, unos 9,6 millones de pensionistas y unos 6,8 millones de personas que tienen entre 55 y 64 años. En total, son unos 16,4 millones de votantes potenciales para los que las pensiones son una de sus preocupaciones fundamentales y que, lógicamente, van a defenderlas con sus votos.

En estas circunstancias, ¿qué va a hacer el Gobierno actual y los Gobiernos que le sucedan en el futuro? Lo mismo que han hecho los Gobiernos que les han precedido hasta ahora. Ceder a la presión de los pensionistas y financiar las pensiones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado; complementar la financiación de la Seguridad Social con créditos del Estado; retrasar el cumplimiento de los objetivos del déficit; y, en última instancia, buscar recursos fiscales complementarios, ya sea aumentando las cotizaciones, aumentando los tipos del impuesto sobre el valor añadido o de otros impuestos o proponiendo otras figuras impositivas adicionales.

¿Por dónde empezaría a reformar las pensiones públicas españolas? Lo primero que debería hacer el Gobierno es un diagnóstico correcto de la situación real del sistema de reparto. Ese diagnóstico debería completarse con una evaluación cuidadosa de su evolución previsible durante la próxima década, bajo distintos supuestos demográficos y económicos. A continuación, el Gobierno debería informar a los españoles de los resultados de su análisis. Esta información debería recogerse en una carta que el Ejecutivo debería enviar a todos los cotizantes mayores de 50 años.

El contenido de esa carta podría expresarse en estos términos: “Querido cotizante: igual que tú, el Gobierno de España está preocupado por tus pensiones. Queremos que sepas que el aumento de la longevidad, la jubilación de las generaciones del baby boom y la caída de la natalidad están aumentando los costes del sistema de la Seguridad Social muy por encima de sus ingresos. Los déficits que la Seguridad Social ha acumulado durante los últimos años se deben en buena parte a estas causas. Como es previsible que esos déficits continúen en el futuro, hemos hecho un diagnóstico del sistema. En lo que a ti se refiere, las conclusiones de nuestro análisis son las siguientes: en 2017 cumpliste 50 años, llevabas un total de 25 años cotizados y tu cotización anual media en los últimos cinco años fue de 10.000 euros. Si continúas cotizando en una cuantía equivalente, y te jubilas a los 67 años, según nuestras previsiones tu pensión oscilará entre 2.300 y los 2.500 euros mensuales (12 pagas). Esas cantidades están medidas en euros de 2018 y serán mucho mayores en términos nominales debido a la inflación. El valor inferior corresponde al escenario demográfico y económico más desfavorable y el valor superior al más favorable entre los que hemos contemplado. Según la legislación vigente, esa pensión se actualizará en función del índice de precios de consumo y la cobrarás mientras vivas”.

Puede que parezca un sueño, pero no se me ocurre ninguna razón técnica que impida al Gobierno enviar a todos los cotizantes cincuentañeros y sesentañeros una carta parecida y personalizada. Tampoco se me ocurre ninguna razón que impida que la Comisión del Pacto de Toledo haga una recomendación al Parlamento y al Gobierno en esos términos. Si el problema fuera que no saben cómo hacer los cálculos necesarios, yo me ofrezco gratuitamente a explicarles cómo hacerlos.

Javier Díaz-Giménez es profesor de IESE Business School.

Fuente: El País

By |2019-01-12T23:10:08+00:00enero 12th, 2019|Actualidad de Empresas, Actualidad Económica, EL PAÍS|Comentarios desactivados en Dos preguntas para las pensiones públicas