El Grupo Parlamentario Popular se ha subido al carro de Unidos Podemos respecto a la petición de la formación morada de que sea el Estado quien gestione las autopistas de peaje. Pero lo ha hecho con todos los matices posibles. Allí donde el grupo que lidera Pablo Iglesias presenta una proposición no de ley pidiendo la reversión de los más de 3.000 kilómetros de autopista a manos públicas, el PP se cruza con una enmienda refiriéndose solo a las concesiones de próximo vencimiento.

Unidos Podemos ha llevado hoy este asunto al debate parlamentario. Su posición aboga por mantener peajes, en muchas ocasiones blandos, para sufragar el mantenimiento de las infraestructuras.

Unidos Podemos aboga por mantener peajes, en muchas ocasiones blandos, para sufragar el mantenimiento de las carreteras de alta capacidad

El PP, por su parte, quiere blindar a través de su iniciativa parlamentaria que las concesiones que vencen entre este 2018 y 2021 no sean prorrogadas. «En ese momento se decidirá la forma de explotación de las mismas que mejor convenga al interés general», ha explicado esta mañana el portavoz popular, Rafael Hernando.

Las autopistas con próximo fin de plazo son la AP-1 (Burgos-Armiñán), AP-7 (Tarragona-Valencia, Valencia-Alicante, Montmeló-La Jonquera, Barcelona-Tarragona y Montmeló-El Papiol), AP-4 (Sevilla-Cádiz) y la AP-2 (Zaragoza-Mediterráneo). La primera está bajo la gestión de Itínere y las otras tres forman parte de la cesta de activos de Abertis.

Las concesiones  que vencen entre 2018 y 2021 son la AP-1, AP-7, AP-4 y la AP-2. La primera es de Itínere y el resto están bajo gestión de Abertis

Ambas compañías han buscado fórmulas durante las dos últimas legislaturas para ampliar los periodos de explotación a cambio de inversión en mejoras de las citadas carreteras, pero lo han hecho sin éxito. Abertis, sin embargo, ha conseguido ampliaciones de plazo bajo la fórmula de inversiones adicionales en Chile, Francia o Puerto Rico.

El Gobierno debe decidir ahora sobre cuál es el futuro de unas infraestructuras que llevan décadas bajo la fórmula del pago por uso. Al respecto, el ministro de Fomento ha reclamado un pacto a PSOE y Ciudadanos con el doble objetivo de no quedarse solo ante una decisión que puede resultar impopular, si es que se mantienen las barreras con la relicitación de las concesiones, y marcar la estrategia a seguir en el caso de nuevos vencimientos.

Distintas fuentes cifran en 450 millones el coste anual del mantenimiento y conservación de las autopistas con inminente fecha de caducidad, una factura que debería asumir el Estado en caso de que estas se abran al tráfico de forma gratuita. La presión popular en contra de la prórroga a Itínere y Abertis ha sido potente en los últimos años.

En caso de que el Gobierno promueva nuevas concesiones, para hacer caja con los concursos y eludir los costes de mantenimiento, se da por descontado que las tarifas que pagan los usuarios deberían bajar una vez que ha sido amortizado el coste de construcción durante el anterior periodo concesional.

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Fuente: Cinco Días