Uno de los aspectos más ambiciosos del acuerdo de la coalición progresista entre el PSOE y Unidas Podemos se refiere a los compromisos sobre la vivienda. Hay dos principios notables: establecer la política activa de vivienda como un instrumento básico para reducir la desigualdad y considerar “la vivienda como derecho y no como mera mercancía”.
Estos principios se desarrollan en una larga lista de medidas concretas. Destacan la ampliación progresiva del raquítico presupuesto en materia de vivienda; habilitar a los Ayuntamientos y comunidades autónomas para establecer índices de referencia que puedan frenar las subidas abusivas de alquiler; realojo inmediato a los inquilinos que no puedan pagar los alquileres; fomento del alquiler social para las víctimas de ejecuciones hipotecarias; protección de las personas hipotecadas; movilización de suelo público para vivienda en alquiler social y asequible, y un plan de convenios de la Sareb con Ayuntamientos y comunidades para fomentar alquileres sociales. Estas ideas no han caído del cielo. En buena parte recogen las propuestas defendidas en solitario por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca durante la última década.
Se trata de medidas necesarias y urgentes ante el dramático déficit de equipamientos y de derechos. Como ha recordado Carme Trilla, una de las mejores conocedoras de este sector, los fondos para vivienda en los Presupuestos del Estado se redujeron desde los 1.500 millones de euros en 2009, a 450 millones en 2018. En el mismo periodo, las viviendas de protección oficial iniciadas descendieron de 68.000 a 5.000.
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En el territorio de los derechos el retraso es enorme. Como explica la abogada Verónica Dávalos, experta en derecho europeo, “el Tribunal Constitucional todavía no ha reconocido la vivienda como un derecho fundamental como sí ha hecho el Tribunal de Justicia de la UE”.
Resolver la necesidad de viviendas en España parece misión imposible. Pero hay ejemplos como el de la Viena Roja, que lo desmiente. En 1920, Austria se organizó como una república federal y Viena se convirtió en uno de sus Estados. Entonces la ciudad tenía una enorme carencia de viviendas. La situación cambió radicalmente con los socialdemócratas que construyeron 65.000 viviendas entre 1923 y 1934, como explica muy bien Andoni Unzalu, en Momentos estelares de la historia del socialismo (Catarata). El Ayuntamiento, que tenía autonomía fiscal por ser un Estado federado, financió todas las obras, sin acudir jamás al crédito, apoyándose sobre todo en un impuesto al patrimonio del 0,5%. El principio era “los ricos tienen que pagar”.
Un siglo después, Viena sigue siendo la referencia. Un 60% de sus habitantes viven en viviendas subsidiadas o pisos municipales. El Ayuntamiento es propietario de 220.000 viviendas y otras 200.000 han sido construidas por promotores sin afán de lucro o con beneficios limitados. Una utopía convertida en realidad. Hay que aprovechar la sensibilidad del nuevo Gobierno y la sintonía con las políticas de varias comunidades autónomas y Ayuntamientos. En este asunto el espíritu federal, es decir, el de pactar, es esencial.
Fuente: El País