El Tribunal Supremo echa el cierre al caso Eurobank 15 años después, y lo hace elevando las penas a los dos únicos condenados por la despatrimonialización de este banco pequeño catalán que dejó pérdidas millonarias a sus accionistas cuando quebró en 2003. El tribunal ha estimado parcialmente el recurso de la Fiscalía al considerar que no solo hubo administración desleal sino también apropiación indebida.

La Audiencia Nacional condenó el año pasado a dos de los 14 encausados, María Vaqué, la antigua administradora de las mutuas, y Manuel Vicente Fernández, gestor de una de las mutuas que sustrajeron activos de la entidad. El principal acusado, el expresidente de Eurobank, Eduardo Pascual, no pudo ser juzgado por encontrarse en busca y captura. El Supremo ha decidido ahora elevar de 2 años y 3 meses a 3 años y 6 meses de prisión la condena a Vaqué, y de 1 año y 1 mes a 1 año y 9 meses a Fernández.

La sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional les condenó también a indemnizar a los accionistas con 5,1 millones de euros. La Fiscalía recurrió y pidió que a Vaqué y a Fernández se les aplicara también el delito de apropiación indebida.

El caso Eurobank empezó el Banco de España intervino la entidad después de que su entonces presidente comunicara su propósito de renunciar a la licencia bancaria. Unas semanas más tarde, un juzgado de Madrid declaró la suspensión de pagos, una quiebra que acabó en la Audiencia Nacional. La Fiscalía Anticorrupción y 53 acusaciones particulares se querellaron contra los responsables de la entidad y sus socios. Por la instrucción de este caso pasaron tres titulares del juzgado central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional: Baltasar Garzón, Pablo Ruz y José de la Mata. El juicio tardó 13 años en celebrarse.

Las autoridades de Burkina Faso detuvieron a Eduardo Pascual, fugado en 2015 tras ser encarcelado durante 14 meses por el caso de los ERE, en mayo de 2017. El exbanquero estaba en busca y captura por el agujero que dejó en Eurobank pero también por la macrocausa que se ha juzgado en Sevilla durante más de un año. Pascual fue detenido tras una investigación de la policía española en colaboración con Interpol.

La Audiencia Nacional determinó que el presidente del banco y los dos condenados crearon un grupo de sociedades patrimoniales controladas por el presidente que «actuaban bajo una unidad de acción, aprovechando este entramado societario» para causar perjuicio a la entidad bancaria y a sus accionistas. Los clientes recuperaron todo el dinero.

Fuente: El País