La regla de gasto es uno de los límites que recoge la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, una norma aprobada en 2012 por el Gobierno de Rajoy para combatir el déficit y los excesos de deuda de las administraciones. De hecho, la regla de gasto consiste basicamente en un límite que impide a los alcaldes y presidentes autonómicos disparar su gasto por encima del crecimiento potencial de la economía. De esta forma les obliga a ahorrar en tiempos de bonanza para poder endeudarse cuando vienen mal dadas. Hacienda ha fijado esa tasa en el 2,1% para este año.
Todas las cartas, con fecha del 5 de diciembre, arrancan igual: «Como consecuencia del seguimiento que lleva a cabo el Ministerio de Hacienda y Función Pública de los datos de ejecución presupuestaria de las Comunidades Autónomas y de la evolución del gasto computable a efectos de la regla de gasto se ha apreciado una evolución que podría poner en riesgo el cumplimiento de la regla de gasto del ejercicio 2017 de su Comunidad Autónoma». Todas las misivas, con el membrete del Ministerio de Hacienda, las dirige Belén Navarro Heras, secretaria general de Financiación Autonómica y Local.
MÁS INFORMACIÓN
Sin embargo, a partir de ahí, el análisis que hace de cada caso es distinto. Las situaciones más delicadas son las de Navarra y Baleares. A Navarra le recuerda que «según los últimos datos publicados el pasado 26 de noviembre en la Central de Información Económico-Financiera de las Administraciones Públicas, el gasto computable a efectos del cálculo de la regla de gasto registra una tasa de variación del 7,5%, superior a la tasa de referencia del 2,1% vigente para el ejercicio 2017». En la misma línea, a Baleares le advierte de que su desviación es de momento del 6,9%, con datos a 28 de noviembre.
A ambas les pide ya explicaciones y planes correctores. «Le requiero la remisión de las causas determinantes de la desviación, así como de las medidas que tenga previsto adoptar la comunidad para su corrección antes del cierre del presente ejercicio. De igual manera, se requiere la comunicación de cualesquiera otros hechos u observaciones que se consideren oportunos a efectos de evaluar y evitar el incumplimiento de la regla de gasto del ejercicio 2017».
Medidas «coercitivas» si incumplen
En el segundo bloque, se sitúan otras cuatro autonomías que también incumplen la cifra del 2,1% aunque con menos desfase y pese a que todas ellas, por su parte, han asegurado que todavía contemplan «un posible cumplimiento» de dicha regla de gasto. Son Andalucía (situada en el 2,8%), Comunidad Valenciana (3,2%), Aragón (2,8%) y Cataluña (3,2%). A todas también les pide explicaciones y un seguimiento de las medidas que están aplicando para corregir las cifras. Además, a las tres últimas les avisa de que están afectadas por un plan económico financiero por lo que, de no cumplirse la regla de gasto, puede suponer «medidas coercitivas» por parte de Hacienda
Así, por ejemplo, en la carta de la Comunidad Valenciana señala que «en el último informe mensual recibido sobre el seguimiento de los objetivos de estabilidad, deuda pública y regla de gasto remitido», el Gobierno autonómico «estima por parte de la comunidad un posible cumplimiento de dicha regla de gasto». Pero le avisa de que «en atención a las previsiones de contenido del Plan económico Financiero que les afecta (…) el incumplimiento de la regla de gasto implicaría el incumplimiento de su Plan y daría lugar a que se adopten las medidas coercitivas de los artículos 25 y 26 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera».
De momento, dentro del margen
A partir de ahí, llegan las advertencias más suaves. Cantabria, según datos del 22 de noviembre, estaba en el 5,37%, frente al objetivo del 1,34% de su plan Económico de Estabilidad. Sin embargo, Hacienda admite que «el último dato disponible sobre la evolución del gasto computable a efectos del cálculo de la regla de gasto registra una tasa de variación del gasto 1,6%, inferior al límite oficial establecido en el 2,1% vigente para el ejercicio 2017». Le pide pese a todo causas que pudieran hacer que se desviaran y planes correctores si así ocurre. En la misma línea se sitúa Castilla-La Mancha: los datos de noviembre apuntaban a un incremento del gasto del 5,25%. Pero el último dato disponible lo rebaja al 1,9%. Si termina así el ejercicio, también pasaría al grupo de las que cumplen.
En el caso de la Comunidad de Madrid, señala que las cifras actuales apuntan a un final de año en el 2,1%, justo el objetivo. Aunque Hacienda percibe que «se ha apreciado una evolución que podría poner en un posible riesgo el cumplimiento de la regla de gasto del ejercicio 2017». De ahí que le «ruegue» que le remita «información sobre las actuales previsiones de la comunidad sobre la evolución prevista al cierre del ejercicio, así como de cualesquiera otros hechos u observaciones que se consideren oportunos en relación a los posibles riesgos que puedan producirse en el cumplimiento de la regla de gasto del ejercicio 2017».
Extremadura, según los últimos datos publicados el pasado 28 de noviembre, se sitúa en el -1,3%, frente al 2,1% marcado. También a esta comunidad le pide Hacienda que avise si algo empañará el cumplimiento de la regla de gasto, porque tienen en marcha un plan económico financiero, por lo que deben cumplir si no quieren medidas de control.
El ministerio de Hacienda ha mantenido pulsos con varias administraciones a cuenta de la regla de gasto. El más sonado es el que ha librado contra el Ayuntamiento de Madrid, al que llegó a amenazar con intervenir y al que mantiene bajo un proceso de tutela con una obligación de información semanal por una pequeña desviación en este tope presupuestario.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) viene advirtiendo periodicamente de las desviaciones de la regla de gasto y otros límites presupuestarios como el déficit y la deuda pública de las comunidades autónomas y Ayuntamientos. La institución que preside José Luis Escrivá ha reclamado al Ministerio de Hacienda que adelante los procedimientos de control y las medidas correctivas para evitar casos como los de este año. El Departamento que dirige Montoro ha enviado las cartas advirtiendo del incumplimiento el pasado 5 de diciembre, un plazo con el que las autonomías apenas disponen de tiempo para hacer la correcciones oportunas.
Fuente: El País