El conjunto de las administraciones públicas españolas acumula una deuda de 1,136 billones de euros, lo que equivale al 98,7% del PIB. Este porcentaje, pese a estar muy cerca del máximo histórico, supone un nuevo descenso después de que en 2014 se superara por primera vez el 100%. Pero el panorama de reducción que dibuja la Airef se antoja penoso: este año concluirá cerca del 98%; el próximo en el 96% y en 2020 algo por encima del 92%.

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Estas previsiones están, además, sujetas al cumplimiento de unos requisitos previos. “Un empeoramiento de las condiciones macrofinancieras puede significar un riesgo para la sostenibilidad de la deuda”, admite el organismo independiente encargado de velar por unas cuentas públicas saneadas.

En el desglose por tipo de administraciones, la central es, de lejos, la mayor responsable del desajuste fiscal. Entre el Gobierno central y los fondos de la Seguridad Social absorben una deuda equivalente al 71,3% del PIB; mientras que las comunidades autónomas son responsables del 24,8%; y las corporaciones locales, del 2,7%.

Pero mientras las administraciones central y local han logrado restar algunos puntos de deuda en los últimos años, las regiones han ido incrementando su responsabilidad en los números rojos. Y la Airef, pese a que en su escenario central estima que estos porcentajes irán a menos, detecta elementos peligrosos que pueden hacer que la tendencia al alza vaya a más en los próximos años. “Los riesgos para la sostenibilidad financiera en el medio plazo para el subsector comunidades autónomas son altos, dado el elevado nivel de partida.[…] Aunque estos hayan disminuido levemente a lo largo de 2017”, explica el organismo que preside José Luis Escrivá.

La foto global de la deuda española esconde profundas desigualdades regionales, con comunidades con un pasivo en torno al 15% del PIB —País Vasco, Madrid y Canarias—, frente a la Comunidad Valenciana, con más del 40%. En un extremo, se prevé que las tres autonomías más saneadas —País Vasco, Madrid y Canarias— alcancen el objetivo de una deuda equivalente al 13% del PIB a lo largo de los tres próximos años. En el otro extremo, Comunidad Valenciana, Cataluña y Castilla-La Mancha no lo lograrán en 30 años, según los pronósticos de la Airef.

La deuda per capita de los españoles por todas sus administraciones públicas ascendió en el tercer trimestre del año a 24.599 euros, de las que 6.125 procede de las comunidades. Pero más interesante aún resulta el indicador que muestra el porcentaje de deuda respecto a los ingresos corrientes de cada administración, cuya media asciende a 261%. Mientras que en el caso del Gobierno central y la Seguridad Social, este porcentaje se dispara al 390%, en las comunidades cae al 179% y en los Ayuntamientos es tan solo del 47%. También aquí las diferencias regionales son abismales: van desde la Comunidad Valenciana (274%) hasta Navarra, Baleares, Extremadura y País Vasco, todos ellos en torno al 100%.

Además, el aumento de la deuda autonómica ha caminado parejo a los mecanismos extraordinarios de financiación diseñados para estos entes: en el tercer trimestre alcanzaron el 56% de toda la deuda autonómica.

¿Cuánto debería trabajar para pagar la deuda de mi región?

¿Cuántos días debería trabajar un español para devolver el dinero prestado por sus manirrotos gobernantes? La Airef calcula el tiempo medio necesario para pagar las deudas, en función de la comunidad autónoma de procedencia. Los ciudadanos que más tiempo necesitarían serían los castellano-manchegos y extremeños (en torno a 480 días), seguidos por valencianos, andaluces y murcianos (unos 450). En el extremo opuesto están los madrileños y vascos (unos 250 días) y navarros (281).

Para calcular la parte necesaria para pagar la deuda regional, la autoridad fiscal multiplicó por 365 la ratio de deuda de cada comunidad. Y la deuda común —la del Gobierno central, Seguridad Social y corporaciones locales—, se reparte teniendo en cuenta la población de cada autonomía, multiplicando por 365 la ratio de deuda resultante sobre el PIB regional.

Fuente: El País