La oficina de Jaime Botín (Santander, 1936) ha comunicado que el exbanquero, que fuera presidente de Bankinter, ha deshecho el acuerdo que tenía con el juez por el que aceptaba una pena de nueve meses de prisión por defraudar un millón de euros por la deslocalización «artificiosa» de un avión privado de su propiedad. La información, facilitada por Efe el viernes 14 de diciembre pasado, ha roto el pacto de confidencialidad al que Botín condicionó la validez del acuerdo. Según fuentes del banquero, «la filtración de la noticia no procede, obviamente, del propio Juzgado sino que se ha producido a instancia del Ministerio Fiscal o de la Agencia Tributaria». Fuentes judiciales apuntan que esta es, probablemente, la primera vez que se rompe un acuerdo por falta de confidencialidad entre las partes. Jaime Botín mantiene un enfrentamiento desde hace tiempo contra algunos organismos públicos de la Administración.  

«Botín nunca ha aceptado una sentencia condenatoria ni ha reconocido ser responsable del delito fiscal al que alude la noticia», asegura su oficina. El 5 de octubre de 2017 se presentó ante el Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid, un escrito del Ministerio Fiscal, el abogado del Estado y la defensa de Botín, en el que constaba que había consignar el total de la deuda tributaria. «En dicho escrito se convenía la estricta confidencialidad del acuerdo alcanzado y de la sentencia condenatoria, que no debían ser publicados», continúa la nota.

El 14 y 15 de diciembre de 2017 apareció la noticia del acuerdo judicial y la aceptación de la pena de nueve meses. «Botín no ha reconocido nunca, ni va a hacerlo ahora, ser responsable del delito fiscal del que se le acusa y si estuvo inicial y provisionalmente de acuerdo en autorizar el escrito de conformidad fue bajo la condición de confidencialidad estricta. Se puso especial énfasis en la confidencialidad habida cuenta de que en este mismo sumario así como en otro que afecta a la misma persona, del juzgado de Pozuelo (Madrid) se han venido produciendo, de forma reiterada y siempre en contra del investigado, filtraciones interesadas que no pueden provenir sino de la Fiscalía o la Agencia Tributaria. Estas filtraciones fueron objeto de denuncia judicial por la parte investigada y dieron lugar a la apertura de un expediente de información reservada por parte del Juzgado número 4 de Pozuelo», según el comunicado.

«Flagrante vulneración del compromiso»

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Ante esta situación, todo vuelve a su origen. Es decir, Botín considera se presentará a «un juicio que aún no se ha celebrado» ya que la sentencia de conformidad todavía no se había llegado a firmar, algo que «no se ha producido ni se va a producir, y constituye una vulneración flagrante del compromiso que dio lugar a la firma del escrito de 5 de octubre de 2017, por lo que Botín se encuentra desligado de dicho compromiso y considera, además, que es su deber expresar personalmente la causa de la no ratificación a la juez, ante quien, por supuesto, comparecerá cuando sea citado para demostrar su inocencia del delito que se le atribuye».

Por medio del citado acuerdo, Botín aceptaba nueve meses de prisión y una multa de 506.134 euros, así como un año y tres meses de no poder obtener subvenciones y otras ayudas públicas y sin derecho a gozar de incentivos fiscales o de la Seguridad Social.

Tras la no ratificación, la magistrada ha acordado remitir las actuaciones nuevamente al juzgado de Instrucción número 49 de Madrid a fecha anterior al pacto con el fin de que éste continúe con la tramitación de la causa y realice las diligencias que considere oportunas a instancias de las
partes.

En su querella, la Fiscalía acusa a Botín y otras tres personas de crear «un entramado de empresas» con el fin de evitar hacer frente al impuesto especial sobre determinados medios de transporte vigente en España, país donde el avión «tenía su base de movimientos, en mayor medida en el aeropuerto de Torrejón (Madrid)».

En 2012, la sociedad World Tour, constituida a finales de los ochenta y de la que el exbanquero era propietario, firmó un contrato de compra de una aeronave por un precio de 10,7 millones de dólares que se destinó «con carácter principal a cubrir las necesidades de desplazamientos de Botín y su círculo familiar y social».

Según Efe, el Ministerio Público apunta además que los querellados, que conocían la existencia de una inspección por parte de la Agencia Tributaria «al menos desde octubre de 2016», acordaron un mes más tarde celebrar una Junta General de Accionistas que ordenó liquidar World Tour y adjudicar
la totalidad de su haber social a Botín. «La disolución de la sociedad y la deslocalización estuvieron preordenados a hacer inútil o dificultosa cualquier reclamación administrativa o judicial, de la cuota defraudada», añade.

El cuadro de Picasso

Activos patrimoniales que, concluye la Fiscalía, «no han sido declarados por Jaime Botín en sus declaraciones de IRPF y de impuesto sobre el patrimonio del ejercicio 2016 (…) ni en la declaración informativa sobre bienes y derechos en el extranjero».

En julio pasado se supo que la Fiscalía pedía una pena de cuatro años de cárcel y multa de 100 millones para Jaime Botín por delito de contrabando, relacionado con la salida de aguas jurisdiccionales españolas del cuadro de Picasso Cabeza de mujer joven, valorado en 26,2 millones de euros, del que le acusa el Ministerio de Educación, según el escrito del fiscal delegado de Medio Ambiente, César Estirado.

Fuente: El País