Fuentes oficiales de CaixaBank niegan «cualquier tipo de colaboración o participación en delitos de blanqueo de capitales presuntamente cometidos por ciudadanos de nacionalidad china». CaixaBank asegura que tiene una fuerte y comprometida cultura de cumplimiento normativo, y cumple y ha cumplido en todo momento con la normativa vigente en materia de prevención de blanqueo de capitales. «Nuestros empleados están formados y tienen la obligación de seguir normas y procedimientos de actuación concretos para intentar detectar y prevenir, en la medida de lo posible, la comisión de delitos de blanqueo». Las sospechas, en todo caso, recaen sobre las actuaciones de 10 de las casi 4.900 sucursales que tiene en España.

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En el auto (que puedes consultar aquí), el magistrado considera que directivos y empleados de las sucursales investigadas presuntamente ejercieron “como canales de blanqueo de dichas organizaciones”. Y lo hicieron a pesar de que podían sospechar que sus clientes “estaban inmersos en actividades ilícitas de fraude del que procedían las ingentes imposiciones en efectivo que realizaban”. El juez cita a la entidad como persona jurídica el próximo 26 de abril para que designe abogado y procurador.

La investigación sobre CaixaBank deriva de la iniciada sobre la entidad ICBC (Industrial And Comercial Bank Of China S.A), que ya fue imputado, por conductas de blanqueo de capitales al servicio de diversas organizaciones criminales de ciudadanos chinos. El Grupo de delitos Económicos de la UCO y el Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) detectaron una serie de supuestos comportamientos irregulares llevados a cabo por determinadas sucursales de CaixaBank entre 2011 y 2015. Estas maniobras buscaban ayudar presuntamente a personas físicas y sociales de nacionalidad china a aprovecharse de las ganancias ilícitas de sus defraudaciones y contrabando de mercancías.

Según el comunicado, estas organizaciones chinas “generaban unas masivas remesas de dinero en efectivo, procedentes de delitos contra la Hacienda Pública y en menor medida contra la Propiedad Industrial y Contrabando”. El magistrado considera que CaixaBank y el ICBC en España intervinieron en la bancarización de estos beneficios ilícitos y su posterior transferencia a China.

Las diez sucursales implicadas están situadas en zonas cercanas al polígono Cobo Calleja, de Fuenlabrada, uno de los principales focos de actividad comercial china en Madrid. Los directores implicados supuestamente permitieron el uso de testaferros y actividades económicas no justificadas, “con repetición de un patrón falsario de ingresos en efectivo para eludir a Hacienda, fraccionando facturas, con empresas instrumentales y sin controlar a los clientes”. Los directivos de esas sucursales, según el juez, permitieron que otras personas distintas a los titulares firmaran operaciones de ingresos o transferencias.

Requerimientos ignorados

El juez relata en su auto que entre 2013 y 2015 distintos juzgados de Madrid y la propia Audiencia Nacional que investigaban los casos Emperador y Snake,entre otros, “realizaron diversos requerimientos a las sucursales de CaixaBank” para averiguar el patrimonio ilícito de los clientes investigados. Las sucursales implicadas “hicieron caso omiso” al hecho de tratarse de clientes requeridos por juzgados y fiscalías, y “auxiliaron a los titulares de cuentas en el aprovechamiento de sus ganancias ilícitas, el dinero sin indagar su origen, aceptando cualquier papel o justificación que se les presentaba y facilitando su transferencia en importes pequeños que no debían ser comunicados al Banco de España”. Esos requerimientos judiciales, añade el juez, “fueron desatendidos por CaixaBank que no activó ninguna comunicación o alarma respecto al cliente en cuestión”.

El Sepblac destaca que entre esos años 193 clientes —76 personas físicas y 117 sociedades limitadas— realizaron transferencias a China y Hong Kong por valor de 99,1 millones de euros. Tras recibir los requerimientos judiciales, la entidad no llevó a cabo ningún examen especial sobre sus clientes y permitió la salida de 31,7 millones.

Transferencias por Internet

Los líderes de la organización criminal también operaban a través de banca electrónica, lo que les evitaba desplazar a testaferros, a las entidades bancarias. El juez cifra en 50 sociedades de la trama y 16 personas físicas las que utilizaron la banca electrónica de CaixaBank. Los directores de las sucursales investigadas supuestamente permitieron a las organizaciones Snake, Chequia, Emperador y Juguetes que realizaran ingresos compartiendo beneficiarios comunes. En el caso Emperador, por ejemplo, ordenaron 2.254 transferencias por valor de 41,6 millones de euros.

Las organizaciones investigadas dividían las remesas de dinero procedentes de sus ganancias ilícitas en cantidades más pequeñas, entre 20.000 y 35.000 euros. A veces se producían ingresos de efectivo simultáneos en el mismo día, hora y cantidad entre varias sociedades aparentemente desvinculadas entre sí.

Información de 18 bancos

El juez distingue en su resolución entre la actuación de CaixaBank y de ICBC de la de otras entidades bancarias. Por ejemplo, a raíz de la llamada operación Snake, la Fiscalía Anticorrupción y el juzgado número 7 de Parla, solicitaron información a las entidades bancarias sobre las comunicaciones que habían cursado al Sepblac por las operaciones investigadas. Un total de 18 bancos reportaron que habían comunicado al servicio antiblanqueo un total de 109 expedientes relacionados con 111 empresas y 42 personas físicas de la organización Snake, por movimientos sospechosos de blanqueo.

El juez señala que, en el caso de ICBC no hubo ninguna comunicación sobre expedientes. Y en el caso de CaixaBank, se localizaron cuatro expedientes, todos de una de las sucursales investigadas. Sin embargo, los directivos de esta, pese advertir indicios de blanqueo en una de las cuentas, “permitieron a su administrador contratar nuevas cuentas para otra sociedad de su propiedad y cliente de la misma sucursal”.

Imputación como persona jurídica

Los hechos relatados en el auto describen, según el juez, fallos del sistema de control para la prevención del blanqueo de capitales, que se habían puesto de manifiesto desde 2013 y que eran conocidos por el personal directivo de la entidad CaixaBank «y en especial por el que fue su responsable de cumplimiento normativo al tiempo de los hechos».

La entidad, dice, no implementó las medidas necesarias y adecuadas de prevención, pese a conocer los riesgos en los que incurrió su red de sucursales y cajeros automáticos y tener las herramientas necesarias para ello: «Se permitió operar, obviando la diligencia debida, a nacionales de países asiáticos sospechosos de estar implicados en investigaciones por blanqueo y fraude. Igualmente no procedió a la necesaria comunicación al órgano de prevención (Sepblac) para atajar la presunta práctica delictiva.»

Fuente: El País