La deuda pública aumentó en España el año pasado en 37.078 millones y alcanzó los 1.144.298 millones de euros, según los datos publicados ayer por el Banco de España. Supone la mayor cifra en términos nominales, aunque en porcentaje del PIB, el pasivo bajó ligeramente y pasó del 99% al 98,3% del producto interior bruto. Eso significa que la deuda pública avanzó a un menor ritmo que el PIB nominal. Supone un dato positivo, sin embargo, España está reduciendo muy lentamente su abultada deuda pública. De hecho, el año pasado incumplió el objetivo comprometido con Bruselas y que obligaba al país a cerrar con un pasivo del 98,1% PIB. Un desvío de dos décimas que tiene una importancia relativa si se tiene en cuenta que España sí cumplió el objetivo de déficit público.
Si se pone en relación la deuda pública con la población, las cifras reflejan que cada español debe 24.570 euros, un 3,3% más que el año anterior y la mayor cifra jamás registrada.
Tanto la OCDE como la Unión Europea insisten en que España debe acelerar la reducción de la deuda pública, que hoy es una de las principales vulnerabilidades del país. La política expansiva del Banco Central Europeo (BCE) y el período de bajos tipos de interés ha permitido a España no verse penalizada por su elevado endeudamiento. Sin embargo, la economía española se encuentra en una situación de debilidad ante cualquier posible shock financiero.
Sucede exactamente al revés que al inicio de la crisis económica, cuando España presentaba un bajo nivel de deuda pública, pero el pasivo privado era desproporcionado. La elevada deuda privada explica que la crisis económica golpeará de forma especialmente violenta a la economía española. Hoy, esto ha cambiado. La deuda empresarial es inferior a la media de la zona euro y ha bajado del nivel del 100% del PIB por primera vez desde el año 2005. Una corrección sin precedentes.
En el sector público, se registran importantes diferencias en cada subsector. El pasivo de la Administración central alcanza el 86,9% del PIB, el de las comunidades llega ya al 24,8%. Los ayuntamientos y la Seguridad Social solo presentan un pasivo del 2,5% y del 2,4%, respectivamente. Si se suman estos porcentajes, alcanzan el 116,6%, más que el total de deuda del 98,3% publicado por el Banco de España. Esta aparente contradicción se explica porque cada vez hay más préstamos entre administraciones, que se deben consolidar para no sumar dos veces la misma deuda.
En los últimos años y con un mercado desconfiado, las comunidades autónomas y, en menor medida, los ayuntamientos, se han endeudado a través de los mecanismos de liquidez como el FLA que puso en marcha la Administración central. La deuda pública autonómica alcanzó el año pasado los 288.105 millones, el 24,8% del PIB. Supone la mayor cifra de la historia. La Comunidad Valencia destaca como la autonomía más endeuda con un volumen equivalente al 42,5% de su PIB. Le sigue Castilla-La Mancha (36%) y Cataluña (34,8%). En el lado opuesto, sobresale País Vasco (14,1%), Madrid (14,9%) y Canarias (15,9%).
La dependencia a los préstamos estatales es especialmente acusada en las comunidades que presentan un mayor desequilibrio. El 81,5% de la deuda pública murciana o el 80,4% de la valenciana son préstamos con la Administración central. En el caso de Cataluña, el 70% de su deuda es con el Estado.
De los 288.105 millones de pasivo autonómico, 166.161 millones derivan del FLA o del plan de pago a proveedores. Representa el 57,7%. País Vasco y Navarra son las dos únicas comunidades que no tienen deudas con la Administración central. Madrid también presenta una dependencia menor. Solo el 5,8% de su deuda corresponde al Estado.
Fuente: El País