El ministro dijo hace unas semanas que vincularía la reforma de la financiación autonómica a los Presupuestos de 2018. Pero apenas hay rastros que mejoren el sistema actual. La única novedad consistió en el anuncio que realizó el propio Montoro al asegurar que las cuentas públicas recogen «facilidades para que las comunidades y Ayuntamientos que tengan deuda con el Estado y que hayan sido cumplidoras» puedan reestructurar su deuda. Las cuentas recogen una «habilitación» para que el Gobierno pueda primar a las comunidades cumplidoras.

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El ministro ha aprovechado esta medida para reclamar el apoyo de los grupos de la oposición. Sobre todo del PSOE, que gobierna en siete autonomías. Los socialistas han remarcado su rechazo a las cuentas. Montoro además ha reclamado aportaciones para definir el método para reestructurar la deuda regional.

La refinanciación de la deuda autonómica es una de las reivindicaciones que hacen reiteradamente las comunidades que peor han digerido los años de crisis. Las autonomías del litoral mediterráneo están entre las más endeudadas. Montoro ya dejó entrever hace meses que permitiría refinanciar la deuda autonómica derivada de los mecanismos extraordinarios de liquidez —Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y plan de pago a proveedores—.

En total, el Estado ha prestado algo más de 160.000 millones a las autonomías. Ahora la solución pasa por alargar los plazos de devolución, hasta cerca de 40 años, y reducir aún más los tipos de interés. De esta forma, la pesada losa de la deuda se convertirá en una incómoda anotación contable para los presidentes autonómicos.

En este contexto, Montoro también ha anunciado este martes el aumento de las transferencias del Estado para las autonomías en 5.198 millones hasta alcanzar los 105.020 millones de euros, la mayor cantidad que habrá recibido nunca. De esta cantidad, 95.975 millones de euros son entregas a cuenta del sistema de financiación.

Las autonomías que registren superávit (en 2017 lo lograron País Vasco, Navarra, Baleares y Canarias) podrán destinar sus remanentes a inversiones financieramente sostenibles.

Fuente: El País