La recuperación económica ha reactivado el sector inmobiliario pero aún no ha permitido regresar a todos los arquitectos españoles que se vieron obligados a emigrar durante la crisis económica. Solo un mes después de su llegada a la presidencia del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, Lluís Comerón sitúa entre sus prioridades el apoyo a estos profesionales a través de los colegios así como la diversificación de una profesión que, asegura, puede aportar conocimiento y experiencia para la gestión de los problemas de contaminación, turistificación o gentrificación de las grandes ciudades. Además, el que fuera decano del Colegio de Arquitectos de Cataluña tiene como objetivo sacar adelante una ley que ponga en valor la arquitectura.
¿Reactivada la construcción, se ha recuperado la demanda de arquitectos?
Uno de los indicadores que tenemos es el número de visados. Debido a la crisis, la superficie visada descendió alrededor de un 90%. Ahora se está recuperando, pero deberíamos ser conscientes de que aunque haya subidas de dos dígitos durante dos o tres años, nos situaríamos en el 20% de lo que fue el sector hace 10 años. Es evidente que entonces estaba sobredimensionado, pero también tenemos bastante claro que todavía estamos muy lejos de lo que sería un sector normalizado. Hace falta que el sector en general, no solo la demanda de arquitectos, recupere su posición económica. En todo el entorno occidental, la construcción representa entre el 10% y el 12% del PIB. Antes de la crisis estaba por encima, pero en estos momentos aún nos encontramos por debajo. El primer reto sería lograr una cierta normalización en volumen y después, alinear la actividad con las necesidades actuales de las ciudades y las viviendas, la mejor garantía de que aporta valor a la economía española.
Una de las grandes preocupaciones en este momento es cómo combatir la contaminación en las grandes ciudades y detener el cambio climático, ¿qué se puede hacer desde la arquitectura?
Nos estamos comprometiendo con una sociedad que esté descarbonizada y que no emita CO2. El 35% de las emisiones de C02 se producen en las ciudades debido a los edificios y el 40% del consumo energético lo producen estos. Si apostamos por una economía que pueda prescindir de los combustibles fósiles y que por tanto sea sostenible, hay que hacerlo en todos los sectores, aunque algunos, como el energético, aún lo tienen muy difícil. Sin embargo, cuando sale de la escuela, cualquier arquitecto sabe cómo reducir ese 35% en la edificación. Técnicamente sabemos cómo hacerlo: aislar mejor los edificios o dotarlos de sistemas pasivos. El problema es que no disponemos del entorno jurídico, económico, regulatorio y de compromiso colectivo que permita avanzar rápido en esa dirección. Nuestro planteamiento es cuantificar la inversión pública disponible cada año, ver cuánto puede arrastrar de inversión privada y estudiar cómo aprovechar toda esta financiación para que la transformación que genere sea la mejor posible.
¿Hay voluntad política para ese cambio?
Sí, pero tenemos que convertir esa voluntad en acción. Desde la publicación de la Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas en 2013, ya hay legislación que empieza a amparar este cambio y el nuevo Plan de Vivienda también va a tener alguna línea de actuación orientada en esa dirección. Además, el Gobierno está terminando el texto del nuevo Código Técnico de la Edificación, que trabaja en la definición de qué significa un consumo cercano a cero y la inclusión de la obligación de que los nuevos edificios lo incluyan.
¿De qué forma puede ayudar esta reducción del CO2 a solucionar la pobreza energética que afecta a muchos españoles?
Si el reto final es el de una economía descarbonizada con consumo cero, esto implica prácticamente no tener gastos de calefacción. Ya somos capaces de plantear viviendas que minimicen al máximo el consumo de calefacción y puedan garantizar en verano un confort razonable sin refrigeración, a través de ventilación y sistemas pasivos. La pobreza energética es un problema social pero desde la técnica podemos minimizarlo. Los edificios que se están construyendo actualmente ya incluyen una mejora sustancial en este sentido y cuentan con un consumo más bajo.
¿Cómo deberían ser las nuevas viviendas?
Tienen que ser muy diversas porque cada vez las personas lo somos más. Ya no podemos pensar en que hay un estándar de vivienda con dos o tres dormitorios. A esta diversidad se responde con casas adaptadas a situaciones distintas o con modelos de viviendas transformables o muy flexibles. Es decir, un parque distinto al que tenemos ahora, que está pensado para la forma de vida de nuestros padres: pisos con cocinas que no usamos, salas de estar para reuniones que no celebramos o preparadas para un tipo de ocio que ahora es virtual. Una de las grandes apuestas de su legislatura es la aprobación de una Ley Estatal de la Arquitectura, como la que logró en Cataluña.
¿Por qué considera que es necesaria?
En algunas de las directivas europeas referentes a profesiones, se establecen tres ámbitos profesionales que tienen que ver con el interés general y por lo tanto, dan lugar a una situación específica: las profesiones vinculadas con la salud, con el derecho y la justicia y con la arquitectura. Curiosamente, en la legislación española no hay ninguna línea que haga referencia a esta última entendida como aquello que nos permite vivir un poco mejor en nuestras ciudades. Esta petición estriba en reconocer la arquitectura como un derecho colectivo a poder disfrutar de las mejores ciudades posibles como una cuestión de interés general. La ley de arquitectura pretende recordar que no solo hay que cumplir con los aspectos objetivos si no que hay algo más, un intangible, que también debemos cuidar. En estos cuatro años pretende dar un nuevo impulso a los colegios de arquitectos.
¿Cuál es la situación actual?
Los colegios han reducido muchísimo sus ingresos por la caída de la actividad y por la transformación de la naturaleza de los visados. Hasta 2010, se daba por supuesto que era una forma de financiación de los colegios, pero desde entonces es un servicio que presta con un coste razonable. Hemos transformado nuestro modelo económico radicalmente, lo que ha implicado reducir el apoyo que damos a los colegiados. Además, en los primeros años de la crisis el número de colegiados cayó entre 5% y un 10%, porque muchos de los arquitectos dejaron la profesión. La cifra ya se está recuperando y la mayor parte de los colegios ha superado los datos previos a la crisis.
Fuente: El País