El Gobierno quiere establecer por ley que a partir de 2040 no se permita la matriculación y venta en España de turismos y vehículos comerciales ligeros con emisiones «directas» de dióxido de carbono, entre los que se incluirían los vehículos diésel y gasolina. Así se recoge en el borrador de la Ley de cambio climático y transición energética que prepara el Gobierno, según han informado este martes fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica. La medida ha puesto en alerta a toda la industria del automóvil. El vicepresidente ejecutivo de Anfac, la asociación nacional de fabricantes de coches, Mario Armero, ha asegurado en declaraciones a TVE, que esta medida del Gobierno «puede tener un impacto laboral negativo».

La norma afectaría, además de a los coches gasolina y diésel, a todos aquellos vehículos que sean de combustión, es decir, los automóviles que utilicen gas natural comprimido (GNC), gas licuado de petróleo (GLP) y los híbridos, ya que estos emiten CO2 cuando no están usando electricidad.

Por su parte, Faconauto, la asociación que representa a los concesionarios, ha señalado en un comunicado su preocupación «por el clima negativo que hay alrededor del automóvil», que podría «convertir en estructural la actual caída de las matriculaciones», en referencia a la bajada de un 22% de las ventas que, según la asociación, se está produciendo en noviembre. A esto hay que sumar la caída de las matriculaciones en septiembre y octubre, debido a la entrada en vigor el pasado 1 de septiembre de la nueva regulación de emisiones WLTP.

«Propuestas como las que hoy ha planteado el Gobierno o la profunda crisis del diésel generan incertidumbre entre los compradores, que no saben qué coche comprarse ni cuándo, e impactan ya en todo el sector. La automoción y el comercio son sensibles a la incertidumbre y, como consecuencia, el mercado está entrando en una dinámica negativa y preocupante, no vinculada ya a causas puntuales, sino a problemas más profundos«, aseguraron desde Faconauto.

Según las previsiones con las que trabaja el Gobierno, en 2050 estará prohibido circular con  turismos que emitan dióxido de carbono de forma «directa» .

La norma que prepara el Ejecutivo incide en la importancia de promocionar la movilidad «sin emisiones», ya que es uno de los cambios más relevantes que se deben acometer durante las próximas décadas, para conseguir la completa «descarbonización» de la economía española en la segunda mitad del siglo XXI.

Para ello, el borrador de la ley que prepara el Gobierno de Pedro Sánchez fija como objetivo alcanzar en 2050 un parque de turismos y vehículos comerciales ligeros sin emisiones directas de dióxido de carbono, y plantea que a partir de 2040 ya no se permita la matriculación y venta de ese tipo de automóviles. La ley establece además la obligación de que todos los municipios con más de 50.000 habitantes tengan que contar con «zonas de bajas emisiones» antes de 2023.

Respecto al transporte por carretera, el Gobierno prevé elaborar un estudio sobre la imposición de gravámenes a los vehículos pesados de transporte de mercancías por el uso de determinadas infraestructuras.

La norma sobre cambio climático y transición energética que prepara el Gobierno espera, además, fijar como obligatorio la instalación de puntos de recarga eléctrica en las instalaciones de suministro de combustibles y carburantes en distintos plazos y en función de su volumen de ventas.

Arturo Pérez de Lucía, el presidente de Aedive, la asociación para el impulso de la movilidad eléctrica, le ha asegurado a Cinco Días que este anuncio «es positivo». «Plantea objetivos claros y temporales en línea con los de la descarbonización del transporte y de una Ley de Cambio Climático que tiene que dar respuesta a los requerimientos que se nos exige (…) desde la Comisión Europea», ha señalado.

Además, Pérez de Lucía ha remarcado la necesidad de diseñar estrategias que impulsen el vehículo eléctrico, que «deberán implicar necesariamente ayudas a la compra, una fiscalidad verde adecuada y actuaciones que refuercen la apuesta industrial, tecnológica y de servicios vinculados a una movilidad que apuesta por la descarbonización, por la eficiencia energética y por la calidad del aire».

«No nos lo esperábamos (…) esta medida no va en línea con lo que está haciendo Europa», ha asegurado Armero. Esta afirmación se contradice con las explicaciones de fuentes del Ministerio, que aseguran que esta propuesta es similar a la del Reino Unido, que ha anunciado que prohibirá la venta de coches diésel y gasolina en 2040 y que en 2050 ya no podrán circular.

Francia también ha anunciado que prohibirá la venta de coches de combustión en 2040, según la misma fuente, que ha precisado que Dinamarca, Irlanda, Alemania y Holanda pretenden lograrlo en 2030 y Noruega en 2025.

La crisis del diésel y el auge de los coches de gasolina

Los coches que usan gasolina representaron el 46,6% de las ventas en 2017, solo dos puntos por detrás de los vehículos diésel, que en los últimos años han ido perdiendo terreno en favor de la gasolina. Estos últimos emiten más CO2, un gas de efecto invernadero; y los de gasóleo emiten más NOx (dióxido de nitrógeno), un gas dañino para la salud de las personas, motivo por el cual, este carburante ha sido muy criticado. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, se manifestó en contra del gasóleo el pasado mes de julio: «El diésel tiene los días contados (…) su impacto en la calidad del aire es lo suficientemente importante como para ir pensando en un proceso de salida».

La mala fama que se fue ganando el diésel ha provocado que sus ventas bajasen año tras año, hasta que por fin, en 2018, las matriculaciones de gasolina han superado ampliamente a las de los automóviles diésel. Hasta octubre, el 57,1% de las ventas han sido vehículos de gasolina, 20,5 puntos porcentuales más que los coches que utilizan el diésel. Muy por detrás han quedado los automóviles alternativos (híbridos y eléctricos), que solo han representado el 6,4% de las ventas.

Los fabricantes han pedido al Gobierno «una transición ordenada» hacia los vehículos de bajas y cero emisiones, para que la producción de las fábricas no se vea (y con ello, los empleos) afectada. En este sentido, el presidente Pedro Sánchez ya había anunciado, en el mes de octubre, que el Ejecutivo firmará un «acuerdo estratégico de futuro» para la automoción para darle al sector «una legislación estable», un marco de previsibilidad, inversiones y mejorar la formación. “La ministra de Industria, Reyes Maroto, lo firmará en las próximas semanas”, había dicho Sánchez el pasado mes durante su visita a la fábrica de la firma Renault en Valladolid.

El Ministerio de Transición Ecológica adelantó ayer las líneas generales de lo que será su propuesta de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, cuyo objetivo “es cumplir el Acuerdo de París, acelerar la plena descarbonización de la economía y la implantación de un modelo de desarrollo sostenible con empleo estable y de calidad y dé  estabilidad y seguridad a los invrsores”.
Con esta premisa que figura en un documento sumario elaborado por el departamento que dirige Teresa Ribera, el objetivo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero un 90% en 2050 respecto al nivel de 1990 y que para ese año el sistema eléctrico funcione exclusivamente con fuentes de energías renovables.
En una primera fase, en 2030, las emisiones deben reducirse un 20%; las renovables deben representar el 35% del consumo de energía y un 70% de la generación eléctrica habrá de ser verde. Las emisiones están ahora un 17% por encima de 1990, por lo que el objetivo es reducirla en 37 puntos.
Una de las medidas más relevantes son las relativas a la movilidad. Así, se establece como objetivo para 2050 un parque de turismo y vehículos comerciales ligeros sin emisiones de CO2. Para ello, a partir de 2040 la ley no permitirá la matriculación y venta de este tipo de coches que utilicen combustibles que emitan dióxido de carbono (diésel y gasolina). Además, se obligará a instalar puntos de recarga eléctrica en  las actuales estaciones de servicio, en distintos plazos y según su volumen de ventas.
El Gobierno recuerda que esta propuesta de prohibición de vender coches de carburantes en 2040 es similar a la anunciada por Reino Unido y Francia. En el caso de otros países, la meta es más ambiciosa: Dinamarca, Irlanda, Alemania y Holanda quieren lograrlo en 2030 y Noruega (productor de petróleo), en 2025.
Algunos fabricantes, tal como recuerda el Gobierno ya han dado pasos en este sentido: Volvo solo venderá  coches eléctricos a partir de 2019 y Toyota, pionero en la producción de híbridos, dejará de vender los diésel este año. Algunas comunidades autónomas se han adelantado: Baleares prohibirá los coches diésel en siete años y fija en su normativa que todo el parque sea eléctrico a medidados de este siglo.
Hidrocarburos                                                                                          En el marco de estas prohibiciones, la propuesta de Transición Ecológica es que a partir de la entrada en vigor de la ley, no se otorguen en España nuevas autorizaciones para realizar actividades de exploración, permisos de investigación ni concesiones de explotación de hidrocarburos (incluido el fracking). La prórrogas vigentes de estas concesiones no podrán ampliarse más allá de 2024.
El consumo de combustibles fósiles no contará con nuevos subsidios o incentivos económicso  y se revisará “su régimen fiscal” para frenarlo. En esta línea,  el Estado no realizará inversiones en participaciones o instrumentos financieros cuya actividad incluya la explotación, extracción, refinado o procesado de combustibles fósiles. Asimismo, se dará el mandao al Gobierno para que fomenre el biomatano y otros combustibles sintéticos de origen renovables y el de biocaburantes sostenibles en el transporte aéreo.
Por otra parte, un 20% de los Presupuestos del Estado deberán impactar de forma positiva en la lucha contra el cambio climático. Por ejemplo, se tendrá en cuenta la huella de carbono en la contratación de las Administraciones y las edificaciones nuevas que se liciten deberá nser de consumo de energía casi nulo.  
Un apartado importante es el relacionado con el impulso de las energías renovables y las redes eléctricas. A través de planes quinquenales, el Gobierno impulsará la instalación de un mínimo de 3.000 MW de potencia renovable al año   hasta 2030. Para ello convocará las correspondientes subastas y otorgará “nuevos instrumentos para el fomento de  las renovables”. El objetivo será fijar un marco regulatorio “predecible y estable”, con simplificación de cargas y procedimientos administrativos. Las renovables tendrán prioridad en el acceso y conexión a las redes.
La planificación de las  líneas de transporte de electricidad estará dirigida a facilitar los objetivos de renovables y se podrá obligar a los titulares de las redes de luz y gas a informar sobre el cumplimiento de la plantificiación. El regulador podrá establecer mecanismos que minoren la retribución de las empresas si se producen restrasos injustificados .
En esta área, se fijarán las condiciones para determinar qué se considera red de distirbución eléctrica cerrada. El gestor de una red de distribución cerrada estará obligado a ponerla  a disposición de la red pública cuando sea necesario granatizar el servicio. En el caso de las islas, contarán con una planificación propia y se promoverá el almacenamiento.
Tal como anunció recientemente Teresa Ribera, se aprobará un estatuto de consumidores elctrointensivos que reconocerá las particularidades de este tipo de  industrias, con un elevado consumo en horas valle y una curva predecible y estable.

Tal como anunció recientemente la ministra de Transición ecologica, el Gobierno aprobará un estatuto de consumidores elctrointensivos que reconocerá las particularidades de este tipo de  industrias, con un elevado consumo en horas valle y una curva predecible y estable.

Fuente: Cinco Días