Los escenarios planteados por los expertos en su informe remitido al ministerio de Energía castigan de forma importante al diésel. En materia de movilidad, estos plantean la necesidad de poner en marcha una fiscalidad vinculada al dióxido de carbono, bajo el principio de “quien contamina paga”, con un encarecimiento del diésel para la automoción del 28,6%. También fijan un alza del 5,8% en el gas y otro incremento, en este caso del 1,8%, para la gasolina.

El documento señala al transporte como el “principal responsable” del incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero en España en el período comprendido entre 1990 y 2015, por lo que apuesta por la expansión de los vehículos eléctricos para reducir este impacto negativo, aunque, como reconocen, su penetración en el mercado todavía es muy reducida y su futuro está condicionado al coste de adquisición y a la evolución que experimenten las baterías.

En el caso de los diésel, además de incrementar el coste del carburante, los expertos proponen extender las medidas a los “impuestos locales afectados”, esto es, un aumento del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica para este tipo de automóviles, un gravamen dependiente de las administraciones locales.

La comisión de sabios considera que la política regulatoria debe orientarse a facilitar una transición eficiente hacia vehículos de energías alternativas, “sin precipitarse en medidas de gasto público que puedan conducir a generar costes no recuperables” y prestando “especial atención” al cambio de fiscalidad como instrumento “imprescindible” para facilitar la transición a una movilidad sostenible. Por ello, los expertos, con el fin de facilitar la transición a una movilidad baja en emisiones, se muestra a favor de establecer una estructura de peajes de acceso que favorezca un uso eficiente de la red eléctrica. En esta línea, defiende avanzar en una exploración de medidas proactivas por parte de las administraciones locales que también incentiven la movilidad no contaminante.

Fuente: El País