Madrid aspira a convertirse en una de las referencias mundiales de arbitraje tras el acuerdo para la integración de las actividades arbitrales de la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje (CIMA), la Cámara de Comercio de España y la Cámara de Comercio de Madrid firmado hoy por sus presidentes (Juan Serrada, José Luis Bonet y Juan López-Belmonte) bajo la presidencia del ministro de Justicia, Rafael Catalá. 

El ministro, que ha impulsado la firma de este Memorando de Entendimiento para la Unificación de las Cortes de Arbitraje desde hace más de dos años, ha señalado la importancia que tiene para lograr el liderazgo de España como centro internacional de resolución de conflictos comerciales tanto en el ámbito europeo como en el latinoamericano para competir «con las primeras del mundo».

Hasta ahora las tres entidades competían entre sí en el mercado del arbitraje, lo que ha dificultado que los operadores económicos internacionales considerasen el sistema arbitral español como referente mundial. Esa situación contrastaba con la unidad institucional de las principales plazas arbitrales del mundo y ha provocado que las firmas españolas hayan tenido que recurrir siempre a cortes de otros países en conflictos comerciales.

Asimismo, ha destacado la oportunidad que supone este paso ante la salida del Reino Unido de la Unión Europea, ya que Londres ha sido una sede tradicional del arbitraje. A su juicio, contar con una corte de arbitraje de referencia «genera oportunidades a muchos sectores económicos, además de seguir haciendo de España un país atractivo» a la inversión, ya que una corte de referencia refuerza la seguridad jurídica y genera confianza a las empresas.

También ha apuntado que la legislación actual sobre arbitraje, que data de 2003, podría mejorarse para hacer «más eficaces los laudos» y que «España se convierta en un centro atractivo para la celebración de arbitrajes internacionales». Catalá ha señalado que el proyecto fortalece las instituciones y la cultura de solución de conflictos, al tiempo que contribuye a descargar el sistema judicial.

El acuerdo prevé la creación de una comisión que establezca las bases del proyecto a lo largo de los próximos tres meses y permite la incorporación de otros organismos de arbitraje a la iniciativa con el objetivo de integrar todas las actividades y que dejen de competir entre sí. Los principios básicos sobre los que se asienta son la autonomía, la independencia y la transparencia y, sorbe ellos, desarrollar una actividad que cubra, además de las grandes empresas e instituciones, a las pymes con un servicio de calidad a un coste competitivo, según explicaron los portavoces de las tres cortes (el citado Serrada, Carlos Prieto y Adolfo Díaz-Ambrona) al final del acto. También destacaron la importancia que tendrá para agilizar conflictos. «Ganamos en plazo y especialización», subrayaron.

Fuente: El País