La agencia de calificación Moody’s ha advertido de que de concretarse en leyes algunas de las medidas avanzadas por el Gobierno para ajustar algunas de las retribuciones del sector eléctrico «tendrán implicaciones crediticias negativas» para las empresas.
En un informe más general sobre las calificaciones de las empresas españolas no financieras, Moody’s señala que ese impacto será especialmente duro para Red Eléctrica de España (Baa1 estable), y para los principales operadores de plantas nucleares Endesa e Iberdrola (Baa1 positiva).
Las inquietudes del Gobierno español en torno a los precios de la energía, señalan en el informe, han propiciado «una posible carga regulatoria adicional» tras el «anuncio inesperado» en enero de una propuesta para recortar la retribución de las redes tanto de electricidad como de gas e incrementar los requisitos para el cierre de plantas de carbón y nucleares.
Frente a esta situación del sector eléctrico, el informe augura mejoras para el del petróleo y gas gracias a la recuperación de los precios y reducciones de costes. Repsol (Baa2 estable), por ejemplo, «se beneficiará del crecimiento de sus operaciones» tanto en exploración y producción como en refinería y comercialización (downstream).
En cuanto a las telecomunicaciones, Moody’s prevé que los ingresos del sector en España crezcan un 1 % este año, impulsados por aumentos en los precios a pesar de una mayor competencia. En el caso de Telefónica, esta tendencia del mercado español junto al crecimiento en Brasil le ayudará a reducir sus niveles de apalancamiento.
En general, Moody’s subraya en su informe que «la calidad crediticia de las compañías no financieras españolas permanecerá estable en 2018» en un escenario de crecimiento económico del país, recuperación generalizada y mercados financieros favorables.
Sobre la situación en Cataluña, Moody’s subraya que su escenario central es que siga formando parte de España. No obstante, señala que las tensiones políticas y la incertidumbre «probablemente pesarán en el sentimiento económico y el gasto del consumidor» y por tanto «limitarán la demanda, lo cual conlleva implicaciones crediticias negativas para las empresas españolas».
Fuente: Cinco Días