Día complicado para Airbnb en París, una de las ciudades turísticas por excelencia. La plataforma estadounidense de alquiler de viviendas turísticas ha recibido una advertencia firme de la alcaldía de la capital francesa: o retira de inmediato todos los pisos que ofrece sin permiso (es decir, sin el certificado del Consistorio) en París o será llevada ante la justicia, siguiendo el ejemplo de Barcelona, que ya multó a la compañía por ese mismo motivo.

El aviso rige también para otras cuatro plataformas —Abritel, Windu, ParisAttitude y Sejourning— si bien Airbnb, con más de 50.000 pisos en oferta en la ciudad, es la más afectada. Y no tiene solo ese problema: sus directivos fueron convocados este lunes también a Bercy, sede del Ministerio de Economía, para explicar el funcionamiento de unas tarjetas de crédito con las que sus clientes podrían evadir impuestos, según denunció la prensa francesa hace una semana.

El origen de la amenaza de las autoridades de París es una norma que rige desde el 1 de diciembre: todo propietario de una vivienda parisina que quiera alquilarla en una de las plataformas online tiene que registrarla primero ante la alcaldía, que le proporcionará un número, una especie de matriculación o certificado, que debe aparecer en las webs donde se ofrezca el piso en alquiler turístico. Se trata de un intento de controlar que, efectivamente, no se supera el máximo de 120 días por año que la ley permite actualmente alquilar de forma temporal la considerada residencia principal de sus dueños, para evitar la competencia con los alquileres profesionales.

París es la primera ciudad de Francia que impone este registro de vivienda, un ejemplo que seguirá Burdeos a comienzos del año que viene. Y según la emisora FranceInfo, hasta el momento solo unos 10.000 propietarios de pisos en París que ofrecen sus viviendas en Airbnb han registrado sus pisos. O dicho de otra manera: más de 40.000 pisos ofrecidos en Airbnb están actualmente en la ilegalidad.

“Solo les pedimos que apliquen la ley, no me parece algo exorbitante”, dijo a la emisora FranceInfo el vicealcalde encargado de Vivienda, Ian Brossat. “Algunos propietarios ya han sido condenados, pero creo que la llave para arreglar este problema es exigir responsabilidades a las plataformas”, explicó. “No podemos continuar con esta impunidad que les permite a las plataformas ganar grandes cantidades de dinero con anuncios ilegales”.

Brossat confirmó este lunes a la agencia AFP que ha enviado una carta certificada a Airbnb y las otras cuatro plataformas un requerimiento formal para que “retiren los anuncios sin número de registro”. París sigue así el ejemplo de Barcelona que, el año pasado, se convirtió en la primera ciudad del mundo que impuso una multa de 600.000 euros a Airbnb por anunciar pisos turísticos ilegales.

Una tarjeta de prepago sospechosa

No es el único quebradero de cabeza para los responsables de Airbnb en Francia. Este mismo lunes, sus directivos fueron convocados a Bercy, sede del Ministerio de Economía y Presupuestos. Allí los esperaban los responsables de ambas carteras, Bruno Le Maire y Gérald Darmanin respectivamente, para recibir explicaciones en primera persona sobre las tarjetas de Payoneer Mastercard.

Con sede en Gibraltar, esta tarjeta de una empresa estadounidense permite que los dueños de los pisos reciban el dinero sin tener que pasar por una cuenta bancaria. Lo que, teóricamente, podría facilitar la evasión de impuestos, ya que las autoridades no tienen la información sobre dicha transacción.

En una comparecencia ante la Asamblea Nacional la semana pasada, tras revelarse la existencia de estas tarjetas en la prensa, Darmanin anunció que ha pedido que se investigue si ese tipo de pagos están siendo declarados o no. Y dijo que la cita con los directivos de Airbnb este lunes servirá para pedirles aclaraciones sobre esa “posibilidad” de una “optimización (fiscal) o incluso complicidad en lavado de dinero” mediante dicha tarjeta. Airbnb ha declarado a AFP que casi el 90% de las transacciones que realiza en Francia son mediante transacciones bancarias.

Fuente: El País