Reyes Calderón entrando en la Audiencia Nacional junto a su abogado
La exconsejera y expresidenta de la comisión de nombramientos de Banco Popular, Reyes Calderón, acudió ayer a declarar en la Audiencia Nacional como imputada por las presuntas irregularidades que llevaron a la disolución del banco a mediados de 2017.
En su declaración, que duró unas dos horas y media, calificó de “novela” la tesis defendida por el expresidente, Ángel Ron, de que su sucesor, Emilio Saracho, llegó al banco con el objetivo de venderlo a bajo precio, según informaron fuentes jurídicas. Calderón contestó ayer a las preguntas del juez José Luis Calama, de la Fiscalía y de la defensa.
El nombre de Calderón ya había salido en gran parte de las declaraciones que han prestando otros investigados en esta causa, entre ellos Ron y Saracho. Éste último fue el primero en comparecer y aseguró al magistrado y al fiscal Anticorrupción que la exconsejera fue la persona que se puso en contacto con él para pedirle que asumiera el cargo. En su declaración Ron afirmó que Saracho llegó a Popular de la mano de Calderón y el entonces consejero y accionista Antonio del Valle Ruiz con la intención de vender el banco a bajo precio en el menor tiempo posible.
Ron también declaró que Calderón había acometido el proceso de nombramiento sin tener atribuciones para ello, contando con Del Valle, que ya había dejado el consejo de administración, pero contaba con apoyos dentro. Lo definió como un proceso tormentoso plagado de maniobras subrepticias y no exento de gritos ni de lágrimas.
La exconsejera, sin embargo, explicó ayer que los estatutos del banco le daban potestad para acometer los nombramientos que considerara necesarios, ya que presidía la comisión destinada a tal fin, y el mercado estaba reclamando un cambio en la presidencia del banco, según indicaron fuentes jurídicas.
Declaró, además, que aceptó liderar el proceso de cambio con dos condiciones: que de todo quedase constancia por escrito y que Ron estuviera siempre informado de todos los pasos, algo que se cumplió.
También subrayó que seis consejeros además de ella firmaron estar de acuerdo con el proceso de cambio.
El Banco Popular llevó a cabo en junio de 2016 una ampliación de capital por 2.505 millones de euros, que se justificaron en la obtención de un alto beneficio y cobro de dividendos, pero al final las ganancias se convirtieron en pérdidas y se suspendieron los dividendos.
Las demandas se basan en estos cambios, que derivaron al final la resolución de Popular, pero Calderón se desvinculó ayer de la ampliación, al asegurar que entonces no era aún consejera, aunque reconoció que el banco tenía un problema importante de provisiones que creían haber
solucionado con la inyección de capital.
Fuente: Cinco Días